Vivimos en un país con un sistema excluyente, injusto y que genera empobrecimiento
Wendy Guevara / La Verdad Panamá
Panamá ha presentado una de las mejores economías de la región durante muchos años, pese a esto, los registros en niveles de pobreza, de educación y acceso a diferentes necesidades básicas como el agua potable o la energía eléctrica, siguen siendo una problemática constante en la vida de muchos panameños.
Carlos Lee, presidente de Alianza Ciudadana Pro Justicia, declaró a La Verdad Panamá que las deficiencias y problemas que presenta el país, a pesar de ser próspero económicamente, se debe a la mala distribución de las riquezas, que solo benefician a ciertos grupos y afecta fuertemente al resto de la población panameña.
Sostuvo que se necesitan cambios estructurales en las entidades para que se genere un modelo económico equitativo, además de regular los efectos sistemáticos que han ido debilitando la transparencia en el país, “tenemos una economía flotante pero no resuelve los problemas de la mayoría”.
Asimismo denunció la falta de iniciativa por parte de las autoridades gubernamentales para acabar con la estructura injusta que mantienen promoviendo servicios y espacios de producción económica dentro de un sistema excluyente que genera empobrecimiento.
El Estado panameño debe modernizarse, aplicando nuevas tecnologías que hagan ágil la estructura gubernamental para poder resolver las demandas de los usuarios. De esta forma, el país avanzaría y reduciría esos índices negativos registrados en diferentes áreas, señaló.
Falta una Justicia transparente.
Carlos Lee también apuntó a la grave crisis en el sistema de justicia, debido a su politización en el proceso de nombramiento de magistrados y jueces, generando un sistema no independiente o fortalecido.
De la misma forma, el sector ejecutivo que maneja los fondos públicos, no han tomado en cuenta la importancia de otorgar a la administración de justicia los recursos necesarios para que se implementen en los tribunales que pueden agilizar los procesos, denunció el representante de la sociedad civil.
Consideró que para mejorar la administración de justicia se debe garantizar la independencia orgánica y financiera del sistema, consolidándose fuera de los sectores políticos.