Quiénes son los otros políticos presos en Venezuela, más allá de Leopoldo López

Los pedidos por su libertad salieron de las calles de Venezuela, pero hallaron eco en muchos rincones del mundo: desde la Casa Blanca hasta la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, pasando por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Luego de pasar 1.236 días en una cárcel militar ubicada al oeste de Caracas, el dirigente político venezolano Leopoldo López recibió el sábado pasado una medida de arresto domiciliario ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo, la oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este martes, citando cifras de organizaciones de la sociedad civil venezolana, que más de 3.600 personas han sido detenidas en Venezuela en relación con las manifestaciones ocurridas en el país desde el 1 de abril y más de 1.100 permanecen en esa situación.

Daniel Ceballos

Daniel Ceballos era alcalde de la ciudad de San Cristóbal, en el oeste de Venezuela, electo por el partido de Leopoldo López Voluntad Popular, cuando se iniciaron las protestas de febrero de 2014.

Ceballos fue entonces detenido bajo acusaciones de fomentar la violencia. Luego fue destituido de su cargo y condenado por el Tribunal Supremo de Justicia a 12 meses de prisión por desacato a una decisión judicial que obligaba a la municipalidad a remover las barricadas callejeras colocadas por los manifestantes.

En agosto de 2015, luego de realizar una huelga de hambre, Ceballos recibió una medida de casa por cárcel pero un año más tarde volvió a ser enviado a prisión bajo acusaciones de que planeaba fugarse para «dirigir y coordinar actos de violencia en el país».

Ceballos permanece recluido en la sede del Servicios Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

Wilmer Azuaje y Gilber Caro

Wilmer Azuaje es diputado a la Asamblea Nacional. Fue postulado por la oposición, aunque inició su carrera política en las filas del chavismo, del que comenzó a distanciarse hace casi una década.

En 2008 acusó a la familia de Hugo Chávez de haber adquirido unas propiedades en Barinas, estado natal del fallecido presidente venezolano, a través de presuntos testaferros.

En enero de este año, también fue detenido el diputado suplente Gilber Caro. El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, dijo que al momento de su detención portaba «un fusil automático ligero, 20 cartuchos sin percutar y explosivo plástico», además de dinero.

A comienzos de junio fue imputado por los delitos de traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según informó su abogada, Theresly Malavé, quien afirma que es «un preso del gobierno».

Raúl Baduel

En Venezuela se le considera como el hombre que rescató a Hugo Chávez tras el golpe de Estado de abril de 2002. Raúl Baduel conoció los mayores honores militares durante su mandato: fue ascendido a general en jefe, nombrado comandante general del Ejército y ministro de Defensa.

Sin embargo, pocos meses después de pasar a retiro y de abandonar el gobierno, Baduel se opuso al proyecto de reforma constitucional que impulsaba Chávez y llamó a votar en contra durante el referendo que se realizó en diciembre de 2007.

A mediados de 2015 se le otorgó una medida de libertad condicional, que le fue revocada en enero de este año por supuestos incumplimientos de su parte.

Yon Goicoechea

Fue uno de los líderes del movimiento estudiantil que se opuso con éxito al proyecto de reforma constitucional impulsado por Hugo Chávez en 2007.

Goicoechea fue detenido por estar supuestamente portando explosivos.

En diciembre pasado, un tribunal de Caracas acordó su excarcelación a través de una medida sustitutiva de la privación de libertad que, hasta la fecha, no ha sido ejecutada por las autoridades del Sebin, en cuyas dependencias permanece recluido.

Antonio Ledezma

Antonio Ledezma es el alcalde metropolitano de Caracas.

Fue detenido en febrero de 2015 por el Sebin acusado de participar en supuestos planes de desestabilización.

En abril de 2015 le fue otorgada una medida de casa por cárcel, mientras sigue en marcha el juicio en su contra por el que podría ser condenado hasta a 26 años de prisión.