Indígenas exigen la reivindicación de sus derechos sin imposiciones
Los pueblos originarios de Panamá reclaman al Gobierno panameño respetar sus derechos sin imposiciones políticas y exigen compromiso institucional ante los flagelos sociales que los afectan, dijeron representantes de las etnias Ngäbe y Guna.
«El Gobierno debe tener más presencia en nuestras comunidades para averiguar las necesidades y buscar soluciones a los problemas sociales que existen, pero no venir a imponer situaciones para vulnerarnos», expresó el presidente del Consejo Nacional de la Juventud Ngäbe, Ricardo Miranda.
El portavoz, que pertenece a la comarca Ngäbe Buglé, la de mayor población y territorio de Panamá, sostuvo que aún prevalece un abandono en las cinco regiones comarcales del país, marcadas por la pobreza, una precaria infraestructura vial y la falta de centros de salud, escuelas y viviendas dignas.
Según Miranda, estos problemas se acentúan con cada mandato y la elección de nuevos políticos que no tienen interés en el pueblo y tampoco disposición para dialogar sobre sus inquietudes, por lo que considera que la única intención de los gobernantes es aprovecharse de los recursos naturales de las tierras indígenas.
Un ejemplo que citó es la lucha que ha tenido la comunidad Ngäbe Buglé contra de la hidroeléctrica Barro Blanco, que se construye en los límites de la comarca y a la que se han opuesto por razones culturales y ambientales.
Miranda contó que en los últimos años distintos grupos aborígenes se han agrupado para alzar su voz a las administraciones en turno, dado que muchas veces los líderes internos no llevan las preocupaciones a las altas jerarquías.
«Es importante recordar que nosotros somos lo originarios y los primeros en esta República, somos panameños y las diferentes etnias estamos en las mismas condiciones; los hermanos indígenas ven en la ideología comarcal una unificación para lograr un desarrollo integro», afirmó el indígena.
Remarcó que la Administración actual debe cumplir con lo acordado a los pueblos y aprobar el Plan de Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas panameños y la ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1989.
Este acuerdo reconoce a los pueblos indígenas el derecho a un territorio propio, a su cultura e idioma, y compromete a los Estados a consultar las medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios.