Familiares y víctimas del dietilenglicol denuncian que el gobierno los tiene abandonados
Jean Cabarcas / La Verdad Panamá
Daniel Sarmiento, vocero del Comité de Familiares de víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida (COFADESAVI), se expresó sobre la concentración que se llevará a cabo el próximo martes 7 de febrero frente a la presidencia en busca de respuestas sólidas con relación a la falta de cumplimientos por parte de las autoridades.
“A las autoridades se les está exigiendo que cumplan con lo acordado desde el 19 de agosto del 2019 y el 20 de diciembre de 2019 fechas en las que el presidente Laurentino Cortizo se comprometió con todo el comité y los afectados por el dietilenglicol a resolver la problemática que hay con las certificaciones, las atenciones médicas, los medicamentos y demás”, señalo el Sarmiento.
El vocero del comité indicó que todo lo planteado queda en simples reuniones y, que todo lo que está sucediendo es una violación a los derechos humanos.
Según Sarmiento, el “piquete” se realizará en función de lograr una respuesta positiva y adecuada para que se certifique a las personas afectadas, que haya medicamentos y para lograr cambios sobre las atenciones prioritarias en salud, las cuales califica como paupérrimas en los últimos tiempos.
“Con la pandemia se cambió el Centro Especial de Toxicología que estaba en calle 17 supuestamente para dar mejor atención, pero lo que ha sido es un retraso único, antes había un director del centro y ahora hay un coordinador, le bajaron el nivel y las atenciones pésimas porque el señor que está ahí no da la respuesta positiva a los afectados”, añadió Sarmiento, agregando además que no ha existido la correspondencia que requiere la situación.
Sin reciprocidad por parte de las autoridades
Sarmiento admitió que el presidente únicamente da autorizaciones, “él no manda en este país, él solo da autorizaciones en donde dice, hay que corregir y certificar, pero cuando uno hace las reuniones con la viceministra, porque el ministro Sucre se limpió las manos y la mando a ella, lo que está provocando es que posteriormente sea demandada por violación a los derechos humanos y extralimitación de funciones”.
A esto se agregan las violaciones a la Ley 12 de 7 de abril del 2015 por parte de la Viceministra de Salud, Ivette Berrio, en donde tal y como alega Sarmiento, se mantiene buscando diversas cuestiones para no certificar a los afectados,
“Incluso, personas que ya fueron certificadas el Ministerio Público, ellos lo han desechado diciendo que eso no es válido, entonces, vemos que no se está cumpliendo con lo acordado”, manifestó, señalando a su vez que hay afectados que, a pesar de cumplir con la ley, no se le atribuyen las certificaciones porque no están enfermos.