Hasta 24 años de prisión podrían pagar varios de los imputados en el escándalo Blue Apple
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Hasta 24 años de prisión podrían pagar varios de los imputados a los que se les acusa de al menos dos delitos cometidos, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales, en caso de que se les compruebe su participación en el escándalo Blue Apple.
En este caso que ya se encuentra en la tapa de alegatos ninguno de los 18 imputados es señalado por los tres delitos que se investigan, pero a varios de ellos sí se les investiga por al menos dos delitos supuestamente cometidos.
Los fiscales Aurelio Vásquez, Edwin Juárez, Javier Cuadra y Manuel Barrías, participaron del séptimo día de audiencia ordinaria con el inicio de la presentación de los alegatos del Ministerio Público ante la juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez.
El Ministerio Público está pidiendo la pena máxima en su etapa de alegatos, según avanza la exposición en donde están argumentando el supuesto delito cometido por cada uno de los implicados en el caso, uno por uno.
De acuerdo al Código Penal, el delito de blanqueo de capitales, tiene una pena que oscila entre 5 y 12 años de prisión, asociación ilícita, de 6 a 12 años y corrupción de servidores públicos, de 3 a 6 años.
Durante los alegatos el fiscal Aurelio Vásquez, destacó que la causa inició con un informe de inteligencia policial que hacía referencia a la sociedad anónima Blue Apple Services, creada por varias personas con el propósito de disfrazar o blanquear dineros, presuntamente obtenidos de coimas o sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción a nivel nacional para lo cual utilizaron cuentas bancarias o de inversión de dicha sociedad.
Señaló también que, durante la investigación iniciada el 30 de octubre de 2017, se estableció que una serie de empresas, en su mayoría vinculadas al desarrollo de proyectos de construcción, recibieron desembolsos por parte del Estado, y éstas a su vez, realizaron pagos en concepto de ayuda política a la persona jurídica de Blue Apple Services Inc., entre otras, a través de distintos esquemas y que manejó cuentas en diferentes bancos por más de 40 millones de dólares, los cuales eran alimentadas por fondos ilícitos.
Las empresas que alimentaban la cuenta de Blue Apple Services eran las constructoras Rodsa, Meco, Bagatrac, Ingeniería Rec, GS Constructors y Conalvias, que mantenían proyectos con el Estado.
Los dueños de estas empresas fueron citados por Jorge Ruíz, de la Dirección de Contratos del MOP, para que entregaran un porcentaje del contrato entre el 7% y el 8%, y a cambio de eso, se agilizaban los trámites para los pagos de los proyectos contratados.
Los contratistas de las empresas lograron acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción llevando también a la recuperación de dinero.
Durante su presentación el Fiscal detalló los pagos o ayuda política que oscilaban del 1 al 10% y señaló que la persona que tenía más poder en el MOP era Jorge “Churro” Espino, después del Ministro de Obras Públicas, el estructurador de la trama era Federico Barrios Alaín y el banquero Joaquín Rodríguez.
Explicó que se utilizó la figura de factoring, como herramienta de financiamiento de los contratistas, en la investigación que abarcó el MOP, MIVI y el PAN.
Posteriormente continuó el fiscal Manuel Barrías detallando la vinculación de representantes legales de la sociedad fantasma Budessa S.A., que presentó facturas para justificar cesión de crédito de movimientos de dinero de entrega del soborno dirigido a Blue Apple.
Además, de la vinculación de Luis Antonio Donadio, que ofreció la creación de sociedades anónimas a Federico Barrios, igualmente expuso el fiscal sobre la responsabilidad de Alcides Bernal, quien mantenía una sociedad y Valentín Martínez Vásquez por la Fundación El Olimpo, vinculados a Blue Apple.
Además detalló el pago para la compra de acciones de una sociedad denominada Bristol Resort que era dueña de la villa N°26 en Buenaventura Resort la vinculación de Ricardo Francolini quien figura como el beneficiario real de Blue Apple, quien además adquirió un bien inmueble por 250 mil dólares.
Llamó la atención la declaración de Federico Barrios quien a pregunta del fiscal señaló que le había pedido a su nana, que le prestara su cédula para ponerla como directora nominal de varias sociedades dándole a cambio » un par de dólares «, aprovechándose de que esa persona no se percataría ya que no terminó la primaria.
En total, la Fiscalía Anticorrupción pidió en esta primera fase de alegatos la condena para las primeras siete personas, mencionadas en los alegatos.