Protestas descontroladas en rechazo al contrato minero continúan al cumplirse la primera semana
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Cierres de calles, manifestaciones, protestas en general y actos vandálicos, son acciones que al cumplirse la primera podrían resolverse si la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emite un fallo de inconstitucionalidad contra el contrato minero.
El abogado Luis Fuentes Montenegro dice que la situación es complicada y solamente hay dos mecanismos de cambio o eliminación de esa ley que se encuentra vigente.
Uno de los caminos es la interpretación que corresponde a la CSJ, frente a las acciones que se interpongan con ese propósito, mientras que la otra vía, es por medio de una nueva ley con contenido derogatorio.
«Con ambas posibilidades, surge de inmediato la segura situación de que el Estado Panameño sea demandado por muchos millones de dólares que probablemente tendrá que pagar, pues esa ley, además tiene la naturaleza de un contrato y como tal, cualquiera de las fórmulas de derogación, constituyen decisiones unilaterales, y la contraparte tendría todo el derecho a demandar», aseguró Fuentes Montenegro.
Sostuvo que las protestas actuales son masivas y pueden desencadenar en un autoritarismo desenfrenado por parte de Gobierno para ejercer control, y como contrapartida, pudiera generarse una desobediencia civil que incluso pudiera incorporar otras razones, por ejemplo, la exigencia de renuncia del mandatario.
A su juicio, las posibilidades de diálogo con opciones de solucionar verdaderamente, se han disipado sumado a ello, el descontento por factores económicos, de corrupción, de juega vivos, construyen un panorama que no es fácil, y pone en manos de las protestas razones válidas.
Por su parte, el abogado Javier Quiroz dijo que el pueblo está desfogando su frustración sobre todo, por el proceder de los políticos alejados de la opinión de los panameños.
«El señor presidente hizo algo muy malo, en vez de ser mediador lo que hizo fue encender más esto y lo peor parecen que no quieren marcha atrás, pero siento decirle que esta vez el pueblo no va a dar marcha atrás, ese contrato no puede ir contra las grandes mayorías, los que respaldan ese contrato es el grupo minúsculo y no son nada representativos», destacó.
Según Quiroz, el contrato minero ha logrado la unidad de todos los panameños, quienes a través de las manifestaciones le están enviando un mensaje al gobierno, pero al parecer no entienden.
En tanto el letrado Jhonny Collins, dijo a La Verdad Panamá que las protestas son producto del mal actuar que tuvo el legislativo y sobre todo el líder del ejecutivo, al aprobar y sancionar con celeridad dicho contrato.
«Son protestas generalizadas y jamás vistas en una época reciente, las cuales reflejan el repudio de la sociedad y marcarán un antes y un después en este país. Se están viendo actos vandálicos que no se pueden soslayar, pero que al final se desprenden de las mismas protestas, pues en un día normal nadie saldría a cometer estos hechos. Estamos en caos y anarquía», aseguró.
Collins criticó el mensaje que el presidente dio al país el día martes, discurso que no ayuda para nada a la situación actual. «Pareció un discurso preparado para justificar su accionar, y a la vez un reto a los manifestantes, cosa que logró exacerbar aún más a la población que se opone al contrato Ley«, explicó.
A juicio del abogado, el contrato minero es lesivo para los intereses del país, aún cuando quieran decir que el mismo data de 1997 y que antes el Estado recibía menos dinero.
«Es un contrato leonino. Panamá no depende de la minería, y el daño ambiental está siendo severo. Sin un buen medio ambiente, no puede haber salud, y sin salud no hay progreso. Ahora solo queda acudir a la corte para que lo declare inconstitucional, y que este fallo no sea intempestivo», destacó.
En la Corte Suprema de Justicia se han presentado varias demandas de inconstitucionalidad contra el contrato ley, análisis que se encuentra en manos de los magistrados y a quienes se les ha solicitado que se pronuncien lo antes posible.