Los gobiernos de los expresidentes Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, dos ex mandatarios que nombraron directores civiles al frente de la Policía Nacional, registraron menos homicidios al año, en comparación con las administraciones de Martín Torrijos, Juan Carlos Varela y el actual presidente Laurentino Cortizo, que prefirieron la figura de uniformados y en cuyos quinquenios se elevó significativamente el número de crímenes.
Un análisis de la seguridad pública y la efectividad en la lucha contra el crimen, reveló claramente que los gobiernos que han optado por nombrar directores civiles al frente de la Policía Nacional registran menos homicidios que aquellos liderados por jefes de kepi y zambron.
Esta diferencia, refleja las profundas implicaciones que tiene la dirección civil en la formulación de políticas de seguridad y estrategias de combate a la violencia, análisis comparativo que no solo esclarece este fenómeno, sino que también avala la decisión del presidente electo José Raúl Mulino, de poner al frente de la institución a Jaime Fernández.
Mulino, quien conoce perfectamente el tema de seguridad ya que hace 10 años estuvo dentro de sus entrañas, pidió a todos los componentes de la Policía Nacional brindarle todo el apoyo a Fernández, tras asegurar que al país le va mejor, bajo el liderazgo de un civil en la entidad.
Durante la pasada administración del expresidente Ricardo Martinelli, se apostó primeramente por un uniformado al frente de la entidad, responsabilidad que recayó en la figura de Gustavo Pérez (hijo), un militar que aunque ya no estaba activo dentro de la institución, su pensamiento castrense, no le permitió llevar a feliz término la gestión.
Tras su desvinculación como director de la Policía, fue nombrado al frente de la institución Julio Moltó, decisión que permitió volver al camino de dirección civil, una línea que habían trazado desde la época post invasión, Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, pero que fue cambiada por el expresidente Martín Torrijos.
En la administración del hijo del exgeneral Omar Torrijos, jefaturaron cuatro uniformados la institución, Gustavo Pérez (padre), Rolando Mirones, Jaime Ruiz Jayes y Francisco Troya Aguirre, período marcado  por hechos de violencia y en donde se dispararon a 443 los homicidios por año, según estadísticas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Estas cifras, según un informe del Ministerio de Seguridad, representan un aumento significativo en comparación con las tasas de homicidios durante los gobiernos de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y Mireya Moscoso (1999-2004).
Torrijos en comparación con el gobierno de Pérez Balladares, experimentó un aumento del 35.88 por ciento en homicidios, mientras que en contraste con Moscoso, donde hubo un aumento de 12 asesinatos por cada 100 mil habitantes, subió la cifra a 17 homicidios por cada 100 mil habitantes y en el año 2008 se elevó a 25 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Estas estadísticas indican que el gobierno de Torrijos, quien rompió la línea y se decidió por un uniformado al frente de la policía, tuvo una tasa de homicidios más alta que sus predecesores, que habían mantenido el saco y corbata al frente de la entidad de seguridad del pais.
Los datos son inequívocos y dan muestra que durante los gobiernos de Pérez Balladares quien nombró a José Luís Sosa y Mireya Moscoso a Carlos Bares, ambos civiles al frente de la Policía Nacional, el país experimentó una notable baja en las tasas anuales de homicidios.
Según las estadísticas, en el transcurso del gobierno de Pérez Balladares, se cometieron 301 homicidios por año y se impulsaron leyes para combatir la violencia contra la mujer, el maltrato intrafamiliar y la discriminación, además se tomaron medidas contra el crimen organizado.
En tanto, durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, hubo un promedio de 326 homicidios por año, período en el que se implementó el Programa Mano Dura, un plan implacable de persecución a los criminales, que incluía operativos y proyectos de leyes con medidas anticrimen, además de aumentar los años de cárcel contra los delincuentes.
Estas estadísticas también contrastan marcadamente con los periodos de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo, caracterizados por una dirección de fuerza uniformada, en los cuales se observó un repunte en los índices de homicidios.
En los gobiernos de Varela y Cortizo que creyeron que el camino eran las botas y charreteras, los criminales parecían tomarse a las calles, elevando las tasas de homicidios a números que harían temblar a cualquier estadístico.
Al parecer los criminales respetaron  más   el saco y  la corbata y decidieron comportarse mejor, una especie de suave brisa en comparación con la tormenta que se desató durante las administraciones de Varela y la actual de Cortizo que está por finalizar.
A lo largo del gobierno de  Varela, se cometieron un total de 1,838 homicidios y solamente en su primer año de gobierno la cifra de 650 homicidios, encendió las alertas y puso con los pelos de punta a la población.
Pero para calmar a la ciudadanía, el gobierno varelista, justificó el aumento de homicidios con el crecimiento del crimen organizado, especialmente en áreas como Colón y Panamá Este, donde se registraron 11 homicidios en septiembre de 2014.
Durante la administración de Varela estuvieron al frente de la Policía Nacional los comisionados Omar Pinzón y luego Alonso Vega Pino, época en la que la violencia se extendió a áreas urbanas como San Miguelito y la ciudad capital, y en el que poco o nada se hizo para controlarla.
Su administración con uniformados al frente, implementó el programa Barrios Seguros, un plan diseñado para reducir la violencia y que fue criticado por no ser efectivo y por ser utilizado por pandilleros para ganar dinero.
En tanto, en la actual administración de Laurentino Cortizo, que se encuentra en sus postrimerías, en el año 2021 se registraron 554 homicidios y en el año 2022, los homicidios aumentaron a 556, un incremento del 11% en comparación con 2021.
Estas elevadas estadísticas se registran durante las jefaturas de los comisionados Jorge Miranda, Gabriel Medina y el director actual John Dornheim, todos uniformados salidos de las filas de la institución.
Los números no mienten y demuestran que los periodos gubernamentales con directores civiles al frente de la Policía Nacional han sido más efectivos en reducir los índices de homicidios, al compararse con aquellos liderados por jefes uniformados.
Esta diferencia no solo revela la capacidad de la dirección civil para atenuar la violencia, sino que también subraya la necesidad de profundizar en las estrategias que han permitido tales logros, dicen los expertos.
Bajo el liderazgo de jefes uniformados, se ha observado un incremento notable en la violencia callejera, fenómeno, lejos de ser un problema aislado, está relacionado con la estrategia de seguridad pública empleada por ellos, destacan.
La formación de los directores civiles, orientada a la gestión, liderazgo y estrategias de política pública, ha dado resultados en comparación con la preparación predominantemente táctica y operativa de los jefes uniformados, que ha sido un  fracaso.