Defensoría del Pueblo es inoperante y mal sería poner bajo su paraguas a los abogados de oficio
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz aseguró que la Defensoría del Pueblo es una entidad inoperante, no tiene poder coercitivo y mal puede incorporar a su jurisdicción a la Defensoría Pública de Oficio, institución actualmente bajo el paraguas del Órgano Judicial.
La reacción de Díaz surge luego que el ombudsman Eduardo LeBlanc propuso trasladar la función de los abogados de oficio, a la Defensoría del Pueblo.
Esta medida, que busca garantizar la independencia y autonomía de los defensores públicos, ha generado un intenso debate entre juristas, exmagistrados y expertos en derecho.
El documento, presentado en la Oficina de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional, tiene como objetivo principal asegurar que los defensores públicos puedan actuar sin la influencia directa de jueces y magistrados.
Críticas y Preocupaciones
Sin embargo, la propuesta no ha sido recibida sin críticas. Harry Díaz, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, ha expresado serias preocupaciones sobre la independencia que podría ofrecer la Defensoría del Pueblo.
Según Díaz, “incorporar una oficina que corresponde a la administración de justicia a otra que controla el ejecutivo, difícilmente podrá hablarse de independencia”.
Además Díaz subraya que la Defensoría del Pueblo, en su estructura actual, es «ciertamente inoperante» y carece de poder coercitivo para revertir decisiones abusivas o en contra del derecho.
En consecuencia, argumenta que la defensa pública podría quedar bajo la autoridad de un ente sin facultades reales para modificar actuaciones estatales, lo que podría debilitar la defensa de los derechos ciudadanos.
Otra preocupación destacada por el Exmagistrado es el riesgo de politización de la Defensoría del Pueblo, ya que al estar adscrita al Ejecutivo, existe el temor de que las designaciones dentro de la oficina de los defensores públicos se realicen por motivos políticos o de amiguismo, en lugar de basarse en méritos y competencias profesionales.
Perspectivas Favorables con Condiciones
Por otro lado, el abogado Roberto Moreno si bien coincide en que la dependencia de los defensores públicos del Órgano Judicial puede afectar su imparcialidad y eficacia, Moreno subraya la necesidad de que, en caso de implementarse la propuesta, se asegure un presupuesto adecuado para la Defensoría del Pueblo.
Además, Moreno insiste en la importancia de crear una ley de carrera para los defensores públicos, que garantice que las contrataciones se realicen de manera justa y profesional, evitando cualquier influencia política.
Moreno también señala que en la actualidad, los defensores públicos comparten una formación y entorno muy estrechos con los magistrados y jueces, lo que puede comprometer la imparcialidad de ambas partes.
La propuesta, si se implementa correctamente, podría ofrecer una solución a este problema, siempre y cuando se mantenga un enfoque en la profesionalización y se evite la politización.
Implicaciones para el Sistema de Justicia
La propuesta de trasladar a los defensores públicos a la Defensoría del Pueblo podría tener un impacto significativo en la estructura y funcionamiento del sistema de justicia, con potenciales beneficios en términos de independencia y transparencia, pero también con riesgos que deben ser cuidadosamente considerados, aseguran otros expertos.
Leblanc, quien es el proponente del plan dijo que este modelo ha demostrado ser exitoso en otros países de la región, como Colombia, donde la Defensoría del Pueblo ha logrado ejercer un control más efectivo sobre los defensores públicos, garantizando así una defensa más equitativa y fortaleciendo la confianza en el sistema de justicia.