Planilla de la Asamblea Nacional: Sueldos jugosos, personal sin ubicación y nombres ligados a figuras políticas
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
La reciente publicación de la planilla de abril de 2025 de la Asamblea Nacional, divulgada por la Contraloría General de la República, vuelve a encender las alarmas sobre la opacidad y el uso discrecional de fondos públicos en uno de los órganos del Estado que más críticas ha recibido por su manejo administrativo.
Entre los datos revelados destaca la contratación de funcionarios que, además de recibir salarios altos, no cuentan con una ubicación de trabajo específica.
Tal es el caso de Eduardo Álvarez, quien devenga $3,000 mensuales desde el 3 de febrero de 2025 sin que se detalle su asignación, o Iván Garrido, nombrado el 3 de marzo de este año con un salario de $2,000, igualmente “sin ubicación”.
Más llamativo aún es que algunos contratos parecen responder más a cuotas políticas que a necesidades institucionales. Cecilia Bustamante, por ejemplo, fue contratada este año con un salario de $3,000 bajo el despacho del diputado Sergio «Chello» Gálvez.
También figura Irma Boyd con un sueldo de $4,000 asignada al despacho de la diputada Grace Hernández, así como Doris Velásquez, contratada en julio de 2024 por el diputado colonense Nelson Jackson Palma, quien ha sido objeto de críticas por conflictos de interés al formar parte de la directiva del Canal.
A esto se suman casos como el de Gregorio A. Blandón, con un salario de $5,000 desde 1984, ubicado en la Dirección de Protocolo y Ceremonial Legislativo, y el de Virgilio Garrido S., con $4,250 mensuales desde 1993 en el Departamento de Presupuesto.
Mientras gran parte del país enfrenta recortes presupuestarios, desempleo e inflación, la planilla de la Asamblea evidencia que los privilegios y el clientelismo político siguen intactos, alimentados con fondos del Estado sin una rendición de cuentas clara.
El documento completo, aunque técnico, refleja una estructura institucional que parece responder más a la lealtad política que al mérito o a las necesidades del servicio público.