Gobierno reitera transparencia en tema minero y niega cesión de territorio a fuerzas extranjeras
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Durante una conferencia de prensa conjunta, varios ministros del Gobierno Nacional abordaron temas de alto interés para la ciudadanía, desmintiendo señalamientos sobre la supuesta entrega de territorio panameño a fuerzas extranjeras y reiterando que la mina permanece cerrada y bajo control del Estado panameño.
El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, aseguró que Panamá ha cumplido con la Constitución y los tratados que rigen la soberanía del país.
“En ningún momento se ha hecho entrega de ninguna parte del territorio”, sostuvo.
Ábrego explicó que los entrenamientos conjuntos con cuerpos militares extranjeros, como los que involucran al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, se han realizado desde hace años bajo marcos de cooperación previamente establecidos.
Agregó que actualmente una comisión de dicho cuerpo se encuentra trabajando en temas técnicos para mitigar inundaciones, sin implicaciones militares permanentes. “Panamá es y seguirá siendo de los panameños”, reafirmó.
Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, fue enfático al señalar que “la mina sigue cerrada y es de los panameños”.
Moltó calificó como desinformación los intentos de presentar al Gobierno como complaciente con la reapertura de la mina. “Los recursos minerales de nuestro suelo pertenecen a la Nación”.
Aseguró que no se ha iniciado ningún proceso de diálogo con la empresa minera, y que los arbitrajes fueron suspendidos por decisión de la empresa, no por presión del Gobierno”, aclaró.
En cuanto a las huelgas y manifestaciones que persisten en distintos puntos del país, los ministros lamentaron el rechazo de algunos sectores a dialogar con el Ejecutivo.
“El gobierno del presidente José Raúl Mulino ha mantenido las puertas abiertas al diálogo. Pero si no hay voluntad del otro lado, es imposible avanzar”, expresaron.
Agregaron que las paralizaciones están afectando gravemente la economía nacional, con pérdidas estimadas en 90 millones de dólares por día y afectaciones al sector construcción por más de mil millones.
El Gobierno también defendió la vigencia de la Ley 462, que ha sido cuestionada por grupos sociales. Se indicó que dicha legislación fue ampliamente discutida y no afecta negativamente a ningún gremio. “No hay razón para derogarla. Lo único que se necesita es leerla y no dejarse engañar por falsedades”, señaló uno de los voceros oficiales.
Finalmente, se recordó que, en el marco de la auditoría integral anunciada para la mina, el Ministerio de Comercio e Industrias está trabajando únicamente en los términos de referencia, y no hay negociaciones secretas ni acuerdos ocultos.
El mensaje fue claro: el Gobierno se muestra dispuesto a conversar, pero exige seriedad, respeto y transparencia de parte de los interlocutores.