Cochez cuestiona respuesta de la Alcaldía y advierte posible remisión al Ministerio Público por caso de criptomonedas
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El abogado y exlegislador Guillermo Cochez criticó la respuesta presentada por la Alcaldía de Panamá ante la denuncia que interpuso contra el alcalde Mayer Mizrachi por presuntas irregularidades en la firma de un convenio que permitiría el uso de criptomonedas a través del municipio capitalino.
“La Alcaldía contestó en un escrito de más de ocho páginas donde verdaderamente no dicen nada. Es la típica respuesta de quien no tiene la razón. Me acusan de querer dañar la imagen del alcalde, cuando es conocido públicamente que yo apoyé a Mizrachi en sus aspiraciones. No tengo ningún interés en perjudicar su reputación”, afirmó Cochez.
Según Cochez, la ley de principios éticos que rige a los funcionarios públicos prohíbe contratar con alguien que ha sido donante de campaña.
«Ellos niegan esto, pero sin presentar argumentos sólidos. Ahora le corresponderá a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) verificar si lo que sostengo se respalda con las donaciones reportadas al Tribunal Electoral”, enfatizó.
Cochez explicó que, de encontrar fundamento en la denuncia, la ANTAI podría imponer una multa al alcalde y ordenar la suspensión del contrato, además de remitir el expediente al Ministerio Público si se detecta la comisión de algún delito.
“Esto no se queda en una simple denuncia; la ANTAI deberá practicar pruebas, incluyendo la verificación de las donaciones en los registros del Tribunal Electoral”, recalcó.
El abogado también cuestionó el trasfondo de la contratación. “El convenio pretende permitir la venta de criptomonedas en Panamá a través del municipio, lo cual ni siquiera está regulado por la legislación panameña. Se está aprovechando la figura del municipio para hacer propaganda, lo que está prohibido”, señaló.
Cochez agregó que este caso refleja un problema más amplio sobre la relación entre donantes de campañas y contratos con entidades públicas. “Cuando se trata de diputados, no hay forma de que un donante recupere lo invertido en campaña mediante contratos. Pero en el caso de un alcalde, sí existe una jurisdicción directa sobre las contrataciones, lo que la ley prohíbe expresamente”, apuntó.