Contraloría establece reglamento de medidas precautorias para salvaguardar fondos públicos
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Contraloría General de la República oficializó mediante la Resolución N.° 3126-2025-Leg/PJ, publicada en la Gaceta Oficial N.° 30379, el nuevo Reglamento de medidas precautorias que regirá la adopción de acciones administrativas orientadas a proteger los intereses patrimoniales del Estado.
El documento dispone que, ante la detección de situaciones que puedan comprometer recursos públicos, la institución podrá decretar medidas como la suspensión de pagos de salarios, asignaciones o transferencias, la retención de bienes muebles e inmuebles, así como la inmovilización de fondos u otros recursos.
De acuerdo con el reglamento, estas medidas se adoptarán mediante resolución motivada, sustentada en auditorías, informes o hallazgos administrativos, y se tramitarán en un cuadernillo separado para garantizar su formalidad y control.
Una vez decretadas, las medidas precautorias deberán ser remitidas al Tribunal de Cuentas, que dará seguimiento al procedimiento y determinará su continuidad o levantamiento según corresponda a la normativa vigente.
El reglamento precisa que las resoluciones que ordenen dichas acciones no requieren audiencia previa del afectado, aunque los interesados podrán presentar recursos de reconsideración o impugnación. No obstante, estos recursos no tendrán efecto suspensivo, lo que significa que la medida precautoria continuará ejecutándose mientras se resuelve el recurso.
Entre las disposiciones incluidas también se señala que las medidas podrán comprender tanto a funcionarios y exfuncionarios públicos como a terceros vinculados a las operaciones bajo investigación, en caso de existir indicios de que su patrimonio o cuentas estén relacionados con los fondos públicos sujetos a revisión.
El reglamento establece que el alcance de estas medidas será proporcional al posible perjuicio detectado, y que la Contraloría tendrá la facultad de modificar, ampliar o levantar las acciones impuestas cuando se justifique por la evolución del proceso.
La Resolución N.° 3126-2025-Leg/PJ indica expresamente que su aplicación tiene como objetivo garantizar la integridad de los recursos estatales durante el desarrollo de auditorías o investigaciones administrativas, evitando que bienes o fondos puedan ser ocultados, transferidos o dilapidados antes de que concluya el proceso de control.
Finalmente, el documento oficializa que el reglamento entra en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, otorgando a la Contraloría General de la República un marco normativo actualizado para actuar de forma inmediata en defensa del patrimonio público.