Judiciales

Revelan cifra de $24.8 millones en perjuicio patrimonial por mal uso de fondos de descentralización

Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá

La Fiscalía Anticorrupción reveló este martes que el perjuicio patrimonial detectado hasta el momento por el mal uso de los fondos del programa de descentralización asciende a 24 millones 830 mil 652 dólares con 20 centavos, según los últimos informes de auditoría recibidos en el marco de la Operación Comunidad.

El informe actualizado fue presentado durante una conferencia de prensa en la que se detalló que 35 de los 36 informes de auditoría practicados por solicitud del Ministerio Público arrojaron lesión patrimonial, mientras que solo uno, correspondiente a la Junta Comunal de Curulú, resultó sin afectación al erario.

De acuerdo con las fiscales del caso, la Operación Comunidad se ha desarrollado desde el mes de julio y tiene como eje la investigación del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), un fondo de apoyo a proyectos locales que, en múltiples casos, habría sido manejado irregularmente por autoridades comunales.

Hasta la fecha, la Autoridad Nacional de Descentralización ha presentado 290 denuncias, de las cuales 281 permanecen activas —nueve fueron inhabilitadas por duplicidad.

Las fiscalías especializadas informaron además que 23 causas penales han sido judicializadas, con 45 personas imputadas, entre exfuncionarios y funcionarios en ejercicio.

De estas, 8 mantienen detención provisional, 8 arresto domiciliario y 28 medidas cautelares distintas a la detención preventiva.

“Seguimos recibiendo informes de auditoría que amplían el alcance de las investigaciones y confirman la existencia de graves irregularidades en el manejo de los fondos públicos”, señaló la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público recordó que los delitos investigados en este proceso incluyen peculado y violación de sellos públicos en la modalidad de sustracción de documentos, vinculados a las operaciones financieras y administrativas de diversas juntas comunales.

La Operación Comunidad sigue en curso y, según la fiscalía, los montos podrían incrementarse en la medida en que avancen las auditorías pendientes, lo que anticipa un impacto mayor sobre las cuentas de la descentralización.