A los 89 años denunció que fue golpeado y expulsado de su casa, pero la Fiscalía lo hizo esperar más de siete horas
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
A sus 89 años, cuando debería estar protegido y no deambulando por justicia, Julio César Pinto llegó a la Fiscalía de Familia del Ministerio Público en Panamá Oeste para denunciar que fue golpeado y expulsado de su propia casa por su hijastro.
Pero en vez de recibir atención inmediata, el adulto mayor pasó más de siete horas esperando ser escuchado, convirtiendo su denuncia por violencia en una segunda forma de maltrato institucional.
Pinto visiblemente afectado por su condición física, acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Familia del Ministerio Público en Panamá Oeste con el propósito de interponer una denuncia por presunto maltrato físico contra su hijastro, a quien señala de haberlo agredido con golpes y luego haberlo expulsado de la vivienda que era su residencia, dejándolo sin un lugar donde vivir.
La denuncia buscaba activar los mecanismos de protección que el Estado debe garantizar a las personas adultas mayores víctimas de violencia familiar. Sin embargo, el recorrido institucional que vivió el denunciante terminó convirtiéndose en un nuevo motivo de queja.
Según relató Pinto, llegó a la sede fiscal alrededor de la 1:00 de la tarde, pero no recibió atención sino hasta cerca de las 8:00 de la noche, permaneciendo más de siete horas en espera dentro de la institución.
El adulto mayor indicó que durante ese tiempo no se le brindó una atención prioritaria acorde con su edad ni con la urgencia del caso que pretendía denunciar.
Para el denunciante, la prolongada espera representa una forma de revictimización. No solo acudía a reportar una agresión y un desalojo forzado de su propia vivienda, sino que además se encontró con un sistema que, según sus palabras, no reaccionó con la sensibilidad que amerita un caso que involucra a una persona en condición de vulnerabilidad.
“Una persona no va a la Fiscalía por gusto, va porque necesita protección”, manifestó, al tiempo que cuestionó que, pese a su edad avanzada, tuviera que permanecer tantas horas sin una respuesta oportuna.
El caso ha generado inquietud entre residentes de Panamá Oeste, quienes aseguran que no se trata de una situación aislada.
Ciudadanos consultados señalan que son frecuentes las quejas relacionadas con demoras, falta de orientación y ausencia de criterios de prioridad en la atención de personas adultas mayores, víctimas de violencia o ciudadanos con necesidades urgentes dentro de algunas dependencias del Ministerio Público.
La preocupación no se limita al tiempo de espera, sino también al trato institucional que reciben quienes buscan auxilio. Para distintos sectores, cuando un adulto mayor debe pasar horas esperando para denunciar una agresión, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser humano y estructural.
Especialistas en derechos ciudadanos recuerdan que las personas adultas mayores cuentan con protección especial dentro del marco legal panameño y que las autoridades están obligadas a garantizar una atención digna, rápida y efectiva, especialmente cuando se trata de posibles casos de violencia intrafamiliar o abandono.
Hasta el momento, no se ha informado si la Fiscalía de Familia de Panamá Oeste ha iniciado una revisión interna por lo ocurrido ni si se evaluará la actuación del personal que atendió o demoró en atender al denunciante.
Pinto hizo un llamado directo a las autoridades competentes para que se investigue tanto la agresión denunciada como el trato recibido dentro de la institución, y que se adopten medidas que eviten que otros adultos mayores tengan que pasar por situaciones similares.
“Uno llega buscando justicia, no más maltrato”, expresó.
Este caso deja ver claramente una realidad: cuando un adulto mayor denuncia violencia y termina esperando horas para ser escuchado, el sistema no solo tarda, sino que falla en su función esencial de proteger a quienes más lo necesitan.