“Candado” judicial: abogados advierten que la Corte empuja a Panamá hacia la opacidad
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de blindar las actas del Pleno empezó a pasarle factura en el foro jurídico, luego de que abogados y constitucionalistas salieron al paso para advertir que el candado a las deliberaciones rompe el principio de transparencia y puede abrir una grieta peligrosa entre la justicia y la ciudadanía.
Mientras la Asamblea Nacional publica sus debates y el Ejecutivo divulga las deliberaciones del Consejo de Gabinete, la Corte optó por caminar en sentido contrario: cerrar el registro de lo que discuten los magistrados en el órgano más alto de la justicia panameña.
El candado que va contra la corriente
La resolución de la Corte no ocurre en el vacío. En los últimos años, los otros órganos del Estado han avanzado hacia mayor exposición pública.
Por eso, para juristas consultados, resulta difícil explicar por qué el poder que administra justicia decide blindar sus deliberaciones cuando el país exige más control ciudadano, no menos.
Cochez: “La Corte viola el principio de transparencia”
El abogado y exdiputado Guillermo Cochez fue directo. Para él, el problema no es técnico, sino democrático.
“Los órganos del Estado deben ser abiertos al escrutinio de todos los ciudadanos. La Asamblea Nacional publica sus actas y el gobierno acordó publicar las sesiones de gabinete. No veo sentido alguno en que la Corte cambie esa línea de transparencia”, señaló.
Cochez advirtió que el blindaje rompe una regla básica del sistema republicano: permitir que el ciudadano conozca qué se discute dentro del poder público.
“Ahora la Corte Suprema de Justicia viola ese principio de transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las cosas que se discuten dentro de los órganos del Estado”, remarcó, subrayando que cerrar la información no fortalece la institución, sino que la distancia de la gente.
Austin: “Se abre un hoyo feo en la relación con la ciudadanía”
Desde el constitucionalismo, la crítica fue igual de dura. El presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Marco Austin, reconoció que la Ley de Transparencia permite clasificar información, pero alertó sobre el uso de esa figura para actos estrictamente jurídicos.
“Eso abre un hoyo feo en la relación de la Corte Suprema de Justicia con los funcionarios y con la ciudadanía en general”, sostuvo.
“La gente va a comenzar a perder la confianza con respecto a la Corte. No puede ser que actos que son jurídicos se determinen como blindados para la población”.
Para el jurista, la medida no debe quedarse así. “Hay que modificar la ley. Honestamente debe eliminarse. Esto crea un precedente feo para que otras instituciones comiencen a hacer lo mismo”, advirtió.
El blindaje de las actas no es un simple trámite administrativo: es un mensaje político e institucional. Mientras el país exige más claridad sobre cómo se toman las decisiones, la Corte opta por el silencio documental.
Los abogados coinciden en algo: no es solo un tema de papeles, es un tema de confianza. Y cuando el máximo tribunal decide cerrar su propio registro, no solo protege deliberaciones, también pone en riesgo la credibilidad de la justicia ante los ojos del país.