8 años de cárcel para Cucalón
Un Tribunal de Panamá impuso 8 años de cárcel a Luis Cucalón, exjefe de la extinta Autoridad Nacional de Ingresos Públicos en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), por supuestamente recibir sobornos de una empresa contratada por su administración para cobrar impuestos morosos.
Luis Cucalón fue sentenciado por la titular del Juzgado Primero de Circuito Penal de Panamá, Agueda Rentería, como autor de los delitos de peculado (malversación de fondos públicos) y corrupción de servidores públicos en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Además, la juez sancionó a Cucalón con la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término de ocho años una vez cumplida la pena principal.
La juez de la causa también ordenó el decomiso 6.128.451 dólares, más los intereses generados, que fueron aprehendidos al sentenciado en una cuenta bancaria.
Por otro lado, se ordenó levantar la aprehensión provisional que pesaba sobre diferentes cuentas bancarias, al estimarse que «no se han incorporado elementos probatorios que demuestren que sean objeto de investigación por delitos contra la economía nacional u otros delitos», señala el OJ en un comunicado.
El fallo también le reconoce a Cucalón el tiempo que lleva en detención preventiva, que corre desde el día 25 de mayo de 2015 hasta la fecha.
El proceso dio inicio con una querella interpuesta por Diógenes de La Rosa Cisneros, apoderado del exministro de Economía Dulcidio De La Guardia, por supuesta falsificación ideológica de documento público a raíz del contrato 100 de 25 de agosto de 2010, suscrito por la sociedad Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que la constituía como gestor de cobro para la recuperación de cartera morosa y no pagada.
Los auditores de la Contraloría General de Panamá establecieron una lesión patrimonial al erario público de 29.561.501,67 dólares.
En este proceso ya existe una sentencia condenatoria en contra de Cristóbal Salerno, propietaria de CISA, quien aceptó un acuerdo de pena con el Ministerio Público, donde se le impuso la pena principal de prisión y la accesoria del decomiso acordado entre las partes, de acuerdo con la información judicial disponible.