Polémica por presencia de funcionaria investigada marca reunión del Consejo de Niñez sobre albergue en Tocumen
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, convocada para abordar la situación del albergue en Tocumen, terminó envuelta en cuestionamientos tras la participación de la directora de la Senniaf quien mantiene una investigación en curso por parte del Ministerio Público.
El encuentro reunió a representantes del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Educación (MEDUCA), organizaciones no gubernamentales como UNICEF, así como miembros de la Policía Nacional, la Iglesia Católica y actores de la sociedad civil vinculados a la protección de la niñez.
Durante la sesión, se discutieron alternativas para mejorar las condiciones de los menores atendidos en el albergue, sin embargo, la diputada Alexandra Brenes advirtió que ciertos temas no pudieron ser desarrollados debido a la presencia en la reunión de quienes están bajo investigación.
“Habían temas donde no podíamos avanzar porque se trata de denuncias que actualmente investiga el Ministerio Público”, señaló la diputada, quien previamente había denunciado irregularidades en el manejo y condiciones del centro.
Brenes calificó como “decepcionante y desafortunada” la situación encontrada en el albergue, donde según sus denuncias iniciales tanto niños como adultos enfrentaban condiciones preocupantes.
Por su parte, la ministra Beatriz Carles explicó que el consejo tiene un rol consultivo dentro del sistema de garantías de derechos de la niñez, y que la reunión tuvo como objetivo escuchar opiniones y definir rutas de acción para mejorar el futuro de los menores.
En relación con los cuestionamientos sobre la presencia de la funcionaria investigada, la ministra indicó que, hasta el momento, ninguna autoridad ha solicitado su separación del cargo.
Mientras tanto, la situación ha generado reacciones en la provincia de Herrera, donde sectores de la sociedad civil han convocado a una vigilia para exigir respuestas a las autoridades, especialmente al Ministerio Público y al MIDES.
El malestar también gira en torno al traslado de menores y a posibles decisiones que afectarían la continuidad de centros como el Hogar María Auxiliadora, una institución con más de 90 años de labor social, que ha brindado refugio y educación a niñas en condición de vulnerabilidad con apoyo de la empresa privada y organizaciones nacionales e internacionales.