PPC denuncia “toma ilegal” de puertos y acusa al Estado de violar el Estado de Derecho
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La empresa (PPC) denunció que el Estado panameño ha incurrido en acciones que constituyen una “toma ilegal” de sus terminales portuarias y una violación del marco jurídico y contractual.
En un comunicado fechado el 27 de febrero de 2026, la compañía afirmó que durante el último año, y especialmente en la última semana, la República de Panamá ha demostrado que los inversionistas extranjeros “no pueden confiar” en el marco jurídico ni contractual del país.
PPC señaló que el Estado ejecutó acciones consistentes en la “invasión y toma de bienes” propiedad de la empresa, incluyendo información de carácter propietario y legalmente protegida.
La empresa indicó que manifestó de forma categórica su objeción a la toma de los puertos y solicitó mecanismos de coordinación para garantizar el acceso, custodia y protección de su información, incluyendo aquella que no guarda relación con la operación portuaria.
Sin embargo, sostuvo que el 26 de febrero el Estado realizó una “irrupción sin notificación previa” en una instalación privada de almacenamiento que contenía documentación propietaria y material sujeto a privilegio legal, recopilado en el contexto de procesos judiciales en curso.
El comunicado también señala que existe una “campaña diaria de desinformación” por parte del Estado, con la que según PPC, se busca desviar la atención de la toma forzosa de los puertos de Balboa y Cristóbal, así como de la ocupación de bienes de la empresa.
Entre los hechos que la compañía considera confirmados por las actuaciones del Estado, menciona:
La ejecución de una campaña estatal deliberada contra PPC, sus inversionistas y su contrato de concesión, mediante actuaciones que incluyen la supuesta manipulación de procedimientos legales.
La existencia de un plan coordinado desde hace al menos un año para remover y reemplazar a la empresa.
La adopción de medidas ejecutivas basadas en un comunicado de prensa irregular y en un fallo judicial no publicado ni notificado.
La emisión de un decreto ejecutivo que ordena la ocupación de bienes y terminales bajo la figura de expropiación, sin que dicha medida haya sido ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
El cese de operaciones en ambas terminales, con afectaciones al flujo portuario y a trabajadores.
La supuesta entrega del control de las terminales a terceros competidores y la transferencia de información protegida.
PPC también afirmó que el Estado intenta desviar la atención mediante declaraciones incorrectas en su contra y adelantó que comparecerá ante foros internacionales neutrales.
Finalmente, la empresa sostuvo que estas acciones constituyen un incumplimiento de las obligaciones constitucionales, contractuales e internacionales del Estado panameño en materia de protección de inversiones, y señaló que se reserva todos los derechos que le asisten frente a esta situación.