Audiencia Odebrecht: últimos alegatos de las defensas destrozan argumentos de la fiscalía
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El juicio por el caso Odebrecht en Panamá llegó a su fin tras 24 jornadas de audiencia, marcadas por extensos alegatos, confrontación de tesis entre Fiscalía y defensa, y un cierre que se extendió más allá de las 8 de la noche bajo la conducción de la jueza Baloisa Marquínez.
La última sesión estuvo dominada por la intervención de los siete abogados defensores restantes, quienes completaron la ronda de alegatos en representación de más de una veintena de imputados acusados principalmente por el delito de blanqueo de capitales.
El juicio tuvo dos etapas en su desarrollo. En sus primeras jornadas, las audiencias se realizaron en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; posteriormente, por ajustes del tribunal, pasaron a celebrarse desde la 1:00 p.m., aunque en varios días se extendieron hasta horas de la noche.
La jornada final no fue la excepción y culminó pasadas las 8:00 p.m., cerrando oficialmente la fase de alegatos.
En la recta final, la fiscal Ruth Morcillo ocupó dos días completos para sustentar la teoría del Ministerio Público, apoyándose en documentación internacional, delaciones premiadas de exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht y el rastreo de movimientos financieros a través de sociedades.
La Fiscalía solicitó condena para 16 de los acusados y absolución para otros cinco, además del resarcimiento económico al Estado panameño.
Entre los señalados figura el expresidente Ricardo Martinelli, vinculado a la presunta recepción de pagos ilícitos en el marco de adjudicación de contratos públicos.
Las defensas, por su parte, centraron su estrategia en cuestionar la solidez de la prueba, alegando ausencia de evidencia directa, desconocimiento del origen ilícito de los fondos y debilidades en la construcción del caso por parte del Ministerio Público.
En ese contexto, el abogado Rolando Rodríguez, quien participó como defensor en el proceso, fue categórico al evaluar el desempeño de la acusación.
“Definitivamente el Ministerio Público demostró no tener elementos que llevaran a sostener la gran expectativa que habían creado en torno a este proceso como un gran acto de corrupción”, afirmó.
Añadió que durante el juicio quedaron en evidencia fallas en la investigación. “No presentaron elementos fuertes que permitan concluir que se probó el delito contra las personas que están siendo juzgadas. Lo que se expuso fue una teoría con falencias y con un enfoque que, a nuestro criterio, tuvo matices subjetivas”, sostuvo.
A juicio del jurista, la Fiscalía no logró aportar insumos suficientes al tribunal. “No le dieron a la jueza elementos que fortalecieran una teoría del caso; por el contrario, quedó una postura muy debilitada”, insistió.
Rodríguez también hizo un balance general del proceso, destacando el rol del tribunal. “Se cumplieron las expectativas. Hubo equilibrio, respeto y un manejo acorde durante toda la audiencia”, indicó.
Sobre el fallo, advirtió que no será inmediato. “La jueza tiene derecho a tomarse más de 30 días, considerando la cantidad de páginas del expediente que superan el millón. Es un proceso voluminoso y complejo”, explicó.
Este juicio representa el punto culminante de una investigación que se remonta a más de una década.
El caso comenzó a tomar forma en Panamá en 2015, tras el estallido del escándalo a nivel regional, y cobró mayor impulso en 2017 con la confesión global de la empresa sobre el pago de sobornos en múltiples países de América Latina.
Desde entonces, el expediente avanzó entre retrasos, recursos legales y al menos seis aplazamientos, hasta que finalmente el juicio pudo instalarse el 12 de enero de 2026, convirtiendo a Panamá en uno de los últimos países de la región en llevar este caso a fase de juzgamiento.
De acuerdo con la acusación, la trama implicó el pago de más de 80 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos estatales, mediante un esquema que incluía sociedades ficticias, intermediarios financieros y transferencias internacionales diseñadas para ocultar el origen del dinero.
Concluida la fase de alegatos, el proceso entra ahora en etapa de deliberación. La jueza Marquínez deberá analizar un expediente de gran volumen antes de emitir su fallo dentro del plazo legal, que podría extenderse por varias semanas.
La decisión que se adopte no solo definirá la responsabilidad penal de los acusados, sino que marcará un precedente en uno de los casos de corrupción más emblemáticos en la historia reciente del país.