Demoras de hasta 20 años ponen en duda la efectividad de la justicia civil
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La justicia civil en Panamá enfrenta una realidad que golpea directamente la credibilidad del sistema: procesos que pueden tardar entre 15 y 20 años en resolverse.
Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, el problema no es solo la mora. “Un proceso que tarda 15 o 20 años no cumple con el estándar constitucional. Más que una denegación clásica, estamos ante una simulación de justicia”, advierte.
Desde la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, su presidente Marco Austin es igual de contundente: “Si un proceso demora de quince a veinte años, eso no es justicia. El interés jurídico se pierde y lo que se busca ya no tiene sentido”.
Cuando el fallo llega sin utilidad
“En términos materiales, la decisión llega cuando el conflicto ha perdido utilidad real para las partes”, explica Araúz. Es decir, el sistema cumple con el trámite, pero no con el resultado.
Austin lo aterriza aún más: “Puedes ganar o perder, pero después de tantos años eso ya no cambia nada”.
La coincidencia es clara: el problema no es solo cuánto tarda la justicia, sino que cuando llega, ya no resuelve.
Entre la sobrecarga y la dilación
Para Araúz, la mora tiene dos caras. “Hay una causa estructural: el sistema tiene una capacidad pensada para otra época. Y hay una causa funcional: el proceso se usa como herramienta de dilación”.
Y remata: “La sobrecarga explica la lentitud; la dilación explica la eternidad”.
Austin coincide: “La mayoría de los procesos se demoran por tácticas dilatorias de las partes y también por cómo está estructurado el sistema, sobre todo con el procedimiento anterior”.
En el papel existen mecanismos para frenar abusos. En la práctica, no pesan.
“Hay sanciones, pero su aplicación es débil e inconsistente. Eso genera una impunidad funcional”, sostiene Araúz.
Austin lo resume sin titubear: “El juez puede sancionar… pero en muchos casos no lo hace”.
El resultado es un incentivo claro: retrasar el proceso sale barato.
“Los casos de alta cuantía, los que tienen múltiples partes o peritajes complejos, son los que más se estancan”, detalla Araúz.
Austin aporta desde la práctica: “Los procesos ordinarios de mayor cuantía y los sucesorios son los que más se traban. Tengo procesos sucesorios que llevan 14 años. Es inverosímil”.
La constante es la misma: mientras más complejo y más dinero en juego, más se alarga el proceso.
Un sistema que no da abasto
“El problema es sistémico”, advierte Araúz. “Hay pocos jueces, falta personal auxiliar y la organización territorial no responde a la realidad actual”.
También señala responsabilidades compartidas: “Jueces que no dirigen el proceso, abogados que dilatan y autoridades que no priorizan soluciones”.
Austin añade otro punto crítico: “Hay expedientes demasiado largos y, en algunos casos, la sentencia del juez simplemente demora demasiado”.
La conclusión es directa.
“No es solo que la justicia esté lenta, es que está perdiendo sentido”, se desprende del análisis.
Araúz lo resume con crudeza: el sistema funciona en apariencia, pero no resuelve.
Austin lo cierra sin titubear: “Al final, después de tantos años, ya no tiene sentido”.