La erosión preventiva de la democracia: el costo político de la desconfianza infundada
En el complejo ecosistema de las democracias contemporáneas, la integridad del proceso electoral no reside únicamente en la mecánica del voto, sino también —y quizás con mayor peso— en la legitimidad que los actores políticos y la ciudadanía otorgan a sus resultados. Sin embargo, observamos con creciente preocupación una tendencia estratégica que amenaza los cimientos de esta convivencia: la descalificación preventiva del triunfo rival bajo la premisa del fraude electoral, utilizada como herramienta táctica cuando las encuestas o el sentimiento popular indican bajas probabilidades de victoria.
Esta práctica, lejos de ser una mera expresión de escepticismo preventivo, constituye una maniobra calculada para sembrar la duda en la opinión pública antes incluso de que se cierre la última urna. Al alegar irregularidades sin contar con evidencia sustantiva, ciertos sectores buscan no solo movilizar a su base electoral mediante la indignación, sino también preparar el terreno narrativo para declarar ilegítimo cualquier resultado adverso. El objetivo final trasciende la disputa por un cargo específico; se trata de una operación destinada a generar desconfianza sistémica hacia las instituciones electorales y debilitar la credibilidad del proceso democrático en su totalidad.
En este contexto, resulta pertinente señalar cómo figuras como Miguel Antonio Bernal incurren en dinámicas que alimentan esta lógica. Al percibir que la candidata a la que brinda respaldo no cuenta con un apoyo popular suficiente, su accionar parece orientado a generar suspicacia anticipada sobre el proceso electoral. Este tipo de conducta no solo contribuye a la narrativa de desconfianza, sino que además lacera la institucionalidad de la Universidad de Panamá, debilitando los cimientos de la histórica casa de estudios fundada bajo el legado de Octavio Méndez Pereira.
Es fundamental distinguir entre la vigilancia legítima y la obstrucción narrativa. La exigencia de transparencia, la auditoría constante y la participación de veedores son pilares indispensables de cualquier sistema democrático robusto. No obstante, cuando estas demandas se transforman en acusaciones gratuitas y generalizadas, careciendo de sustento fáctico, dejan de ser mecanismos de control para convertirse en instrumentos de destabilización. La diferencia radica en la intención: mientras la vigilancia busca fortalecer la certeza del resultado, la difamación preventiva busca invalidarlo a priori.
El costo de esta estrategia es profundo y duradero. La erosión de la confianza ciudadana no es un daño colateral menor; es una herida abierta en el tejido social que dificulta la gobernabilidad futura y polariza a la sociedad hasta puntos de no retorno. Cuando se instala la idea de que «el sistema está amañado» sin pruebas concretas, se legitima la desobediencia civil, se cuestiona la autoridad de los órganos rectores y se fractura el consenso mínimo necesario para la convivencia pacífica.
Para preservar la salud de nuestras instituciones, es imperativo que los líderes políticos asuman la responsabilidad ética de respetar los procesos, independientemente de su conveniencia inmediata. Asimismo, la ciudadanía debe ejercer un pensamiento crítico que diferencie entre la sospecha fundada y la manipulación emocional. La democracia no se fortalece con gritos de alarma infundados, sino con la aceptación de reglas claras, la verificación objetiva de los hechos y el respeto institucional. Solo así podremos garantizar que el veredicto de las urnas sea reconocido no como el triunfo de unos sobre otros, sino como la voluntad soberana de todos.
Por: Zeus
Especial para La Verdad Panamá