Combustibles, inflación y huelgas: los retos de Rodrigo Paz en sus primeros seis
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumple este 8 de mayo seis meses en el poder en medio de una compleja crisis económica, conflictos sindicales y reformas que han marcado un giro político y económico respecto a los gobiernos izquierdistas de Evo Morales y Luis Arce.
Paz asumió la Presidencia el 8 de noviembre de 2025 en un escenario caracterizado por la escasez de combustibles, falta de dólares y una inflación que cerró 2025 en 20,4 %, situación que el propio mandatario calificó como una economía “quebrada”.
Entre sus primeras decisiones estuvieron la eliminación de la subvención a los combustibles vigente durante más de dos décadas, un recorte del gasto público de 585 millones de dólares y la búsqueda de financiamiento externo para impulsar proyectos productivos y recuperar la liquidez de divisas.
El Gobierno también implementó un sistema de cotización “referencial” del dólar para contener la especulación en el mercado paralelo, mientras mantiene el tipo de cambio oficial en 6,96 bolivianos por dólar. Sin embargo, la moneda estadounidense en el mercado informal ha superado recientemente los 10 bolivianos.
El Ejecutivo proyecta para este año una inflación del 14 % y un crecimiento cercano al 1 %, aunque organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial estiman una contracción económica superior al 3 %.
Uno de los mayores conflictos que ha enfrentado Paz ha sido la crisis por la venta de gasolina en mal estado, situación que provocó protestas y huelgas de transportistas que exigen compensaciones por daños en sus vehículos. El caso derivó en la salida del ministro de Hidrocarburos y expuso además problemas internos en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa que en seis meses tuvo tres presidentes y quedó envuelta en denuncias de corrupción.
La administración de Paz también ha chocado con sectores sindicales y organizaciones sociales históricamente vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS). La Central Obrera Boliviana (COB) lideró protestas contra el retiro del subsidio a los combustibles y actualmente mantiene reclamos por aumentos salariales del 20 % y el rechazo al cierre de empresas estatales deficitarias, medida que consideran una “privatización encubierta”.
El Gobierno rechazó conceder ese incremento salarial y planteó sustituir el tradicional pliego petitorio sindical por acuerdos basados en proyectos productivos. Ante ello, la COB convocó a una huelga indefinida, mientras el Ejecutivo calificó las movilizaciones como intentos de desestabilización.
En política exterior, Paz ha impulsado un cambio de rumbo con acercamientos a países como Estados Unidos e Israel y distanciamiento de aliados tradicionales del MAS, entre ellos Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia e Irán. Además, busca abrir un “nuevo ciclo” con Chile enfocado en temas económicos y comerciales.
El mandatario también anunció reformas en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y energía, además de una ley de inversiones para atraer capital privado nacional y extranjero, aunque dichas iniciativas deberán ajustarse a la Constitución boliviana que mantiene el control estatal sobre los recursos naturales.
En materia de seguridad, uno de los hechos más relevantes fue la captura en marzo del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los más buscados por la DEA, operación que, según el Gobierno, coincidió con un aumento de hechos de sicariato y disputas entre mafias en varias regiones del país.
Pese a las tensiones, ministros del Gobierno sostienen que en este medio año se logró estabilizar parcialmente al país sin provocar un “alto costo social” y destacan avances en la devolución progresiva de ahorros en dólares.
En medio del panorama económico y político, Paz convocó para este fin de semana un “gran encuentro nacional” con el objetivo de definir una nueva agenda de desarrollo para Bolivia.