Defensa del contralor asegura que no hubo interferencia en diligencia fiscal
La defensa del contralor general de la República, Anel Flores, salió este miércoles al frente de las investigaciones abiertas en torno a su presencia en instalaciones del Ministerio Público, asegurando que nunca existió una intervención irregular ni acciones dirigidas a obstaculizar diligencias judiciales.
Durante una conferencia de prensa, los abogados Carlos Herrera y Juan Antonio Kuan defendieron la actuación del jefe de la Contraloría General de la República y afirmaron que su presencia en la Fiscalía obedeció a una preocupación institucional por varias auditoras que permanecían siendo entrevistadas durante largas horas en medio de una investigación de alto perfil.
Según los juristas, Flores acudió al lugar luego de recibir información de que las funcionarias se encontraban bajo presión, razón por la cual decidió verificar personalmente la situación, sin alterar procedimientos ni ingresar de forma indebida a áreas restringidas.
La defensa insistió en que las grabaciones de seguridad muestran que el contralor y su equipo ingresaron respetando todos los controles establecidos dentro del edificio y permanecieron en áreas comunes, rechazando categóricamente las versiones que hablan de una “irrupción” en la Fiscalía Anticorrupción.
Los abogados también señalaron que el contralor no sostuvo contacto con fiscales ni intentó suspender entrevistas, destacando que la actuación se desarrolló de manera pública y transparente.
“El objetivo siempre fue garantizar el bienestar y los derechos de las auditoras”, sostuvo uno de los representantes legales durante la comparecencia ante los medios.
La controversia surge luego de denuncias relacionadas con una diligencia vinculada a investigaciones contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, proceso en el que auditoras de la Contraloría participaban brindando información técnica.
No obstante, la defensa sostiene que se ha querido construir una narrativa política alrededor del caso y recalca que hasta el momento no existe imputación formal contra el contralor.
Los abogados indicaron además que colaborarán plenamente con cualquier requerimiento de las autoridades judiciales y aseguraron que cuentan con evidencia suficiente para demostrar que no hubo abuso de autoridad ni obstrucción de funciones del Ministerio Público.
Mientras avanzan las investigaciones, la Contraloría mantiene su posición de que las actuaciones realizadas estuvieron dentro del marco legal y en defensa de sus funcionarias.