Responsables de fuga masiva deben enfrentar acciones penales, advierte sociólogo Fernando Murray
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La fuga masiva de privados de libertad registrada en el sistema penitenciario panameño no puede quedar limitada a sanciones administrativas o simples destituciones, sino que debe dar paso a investigaciones profundas que determinen responsabilidades penales contra quienes permitieron la evasión de cientos de reclusos, advirtió el sociólogo de la Universidad de Panamá, Fernando Murray.
Durante una entrevista en el programa Protagonistas de la Verdad, Murray sostuvo que lo ocurrido constituye uno de los episodios más graves en la historia reciente del sistema penitenciario nacional, debido a la cantidad de evadidos y a las circunstancias en que se produjo la salida de los reclusos.
«Si aquí no ha pasado nada y no hay sanciones, mañana podrían escaparse 300. Esto debe trascender el ámbito administrativo y llegar hasta las últimas consecuencias», afirmó.
El especialista señaló que la evasión masiva rompió con todos los patrones tradicionales observados en este tipo de incidentes, donde generalmente existe algún distractor, motín o hecho violento que facilite la fuga.
«Lo que se ha descrito es prácticamente una salida limpia. No hubo fractura de candados ni situaciones extraordinarias que expliquen cómo una cantidad tan grande de privados de libertad pudo abandonar el centro penitenciario», sostuvo.
Una falla que expone a toda la sociedad
Murray advirtió que la situación ha colocado a la población en una condición de vulnerabilidad e incertidumbre, especialmente a las comunidades cercanas al centro penitenciario.
Según explicó, el sistema penitenciario tiene como función principal garantizar la defensa social, por lo que una fuga de esta magnitud representa un incumplimiento de una de sus responsabilidades fundamentales.
«Hay homicidas y personas condenadas por distintos delitos que hoy están fuera del control del Estado. La población tiene temor y eso obliga a que las responsabilidades sean determinadas con absoluta seriedad», indicó.
El académico cuestionó además la ausencia de información precisa sobre la cantidad exacta de evadidos, situación que a su juicio evidencia graves deficiencias de control dentro del sistema.
«Cuando escuchamos cifras distintas es porque no existe un registro claro y actualizado. Eso ya es una señal preocupante de desorganización», afirmó.
Ley penitenciaria permanece como letra muerta
El sociólogo recordó que Panamá cuenta desde 2003 con un marco legal moderno para la administración penitenciaria, pero aseguró que gran parte de sus disposiciones nunca se han implementado correctamente.
Murray participó, junto a especialistas del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, en las discusiones académicas que sirvieron de base para la Ley 55 de 2003, normativa que reorganizó el sistema penitenciario nacional.
Explicó que la legislación establece la creación de equipos técnicos integrados por psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y otros especialistas encargados de evaluar permanentemente a la población penitenciaria y diseñar programas de rehabilitación.
Sin embargo, denunció que en muchos centros estos equipos nunca fueron conformados o funcionan de manera deficiente.
«Se invirtió mucho esfuerzo en construir cárceles, pero muy poco en desarrollar el verdadero sistema penitenciario que exige la ley. El cemento no rehabilita a nadie», enfatizó.
Cárceles dominadas por subculturas criminales
Murray sostuvo que una de las mayores preocupaciones es que en varios centros penitenciarios la organización interna responde más a dinámicas criminales que a criterios científicos de clasificación.
A su juicio, la ausencia de programas de tratamiento y evaluación ha permitido que se fortalezcan estructuras internas que terminan sustituyendo la autoridad institucional.
«Las decisiones muchas veces se toman por afinidades criminales y no por criterios técnicos. Esa realidad viene manifestándose desde hace años y es consecuencia de la falta de atención del Estado», señaló.
También alertó sobre denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en algunos procesos de evaluación que permiten beneficios penitenciarios a privados de libertad que no reúnen los requisitos establecidos.
Por ello insistió en la necesidad de contar con profesionales que actúen con absoluta integridad moral y científica.
«Se requieren diagnósticos psicológicos, psiquiátricos y sociales reales. Si esos procesos se contaminan, todo el sistema pierde credibilidad», manifestó.
Construir más cárceles no resolverá el problema
El especialista cuestionó la visión de que la respuesta a la crisis penitenciaria pasa únicamente por la construcción de nuevas infraestructuras carcelarias.
Aunque reconoció la importancia de contar con instalaciones adecuadas y seguras, aseguró que el verdadero desafío consiste en fortalecer los procesos de rehabilitación y reinserción social.
«Pensar que todo se resuelve construyendo una mega cárcel es un error. La cárcel es el último receptor de los problemas de la sociedad. Cuando una persona llega allí han fallado muchas otras instituciones antes», sostuvo.
Murray recordó que la mayoría de los privados de libertad eventualmente regresarán a la sociedad, por lo que el sistema debe prepararlos para una convivencia responsable y productiva.
Asimismo, expresó preocupación por los niveles de reincidencia que registra el país, fenómeno que considera una evidencia del fracaso de las políticas de resocialización.
Piden respuestas contundentes del Gobierno
El académico considera que las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes frente a la gravedad de los hechos y espera que las autoridades determinen responsabilidades concretas dentro de la cadena de mando.
«Los responsables deben responder. No se trata únicamente de cambiar funcionarios. Hay que establecer quiénes incumplieron sus deberes y por qué ocurrió una situación de esta magnitud», señaló.
Finalmente, Murray hizo un llamado a que el Estado rescate el espíritu de la Ley 55 de 2003 y convierta el sistema penitenciario en una verdadera herramienta de rehabilitación y defensa social.
«Lo ocurrido demuestra que la ley sigue siendo una especie de huérfana institucional. Hay que ponerla en funcionamiento de verdad. De lo contrario seguiremos enfrentando los mismos problemas una y otra vez», concluyó.