La sombra oculta de Justo Vargas: esposa figura en caso de fondos de descentralización de Belisario Porras
Redacción La Verdad Panamá
La esposa del magistrado Justo Vargas figura entre las siete mujeres procesadas por el presunto desvío de fondos de la Junta Comunal de Belisario Porras, uno de los casos de corrupción derivados de los recursos de descentralización que más atención ha generado en San Miguelito.
La investigación del Ministerio Público se relaciona con el manejo de recursos provenientes del programa de descentralización durante la administración de esa junta comunal, en un expediente que apunta a una presunta lesión patrimonial millonaria en perjuicio del Estado.
Las siete imputadas enfrentaron audiencias de garantías en las que la Fiscalía Anticorrupción sustentó cargos por presunto peculado. Como resultado, algunas recibieron detención provisional, mientras que a otras se les impusieron medidas cautelares distintas.
De acuerdo con las investigaciones, las imputadas mantenían diferentes niveles de responsabilidad dentro de la estructura administrativa y financiera de la junta comunal, entidad que manejó millones de dólares en fondos públicos provenientes de la descentralización.
El caso de Belisario Porras se ha convertido en una de las investigaciones más relevantes derivadas de las auditorías realizadas a estos fondos y mantiene abiertas varias líneas de investigación por el presunto manejo irregular de recursos públicos.
Aunque la investigación por los fondos de descentralización y la decisión adoptada recientemente por la Corte Suprema de Justicia corresponden a expedientes distintos, ambos acontecimientos salpican a Vargas y lo ponen bajo el escrutinio público.
Sobre las implicaciones de las irregularidades detectadas en la asignación de audiencias, el abogado Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, explicó que dentro del Sistema Penal Acusatorio existe una clara separación entre las funciones jurisdiccionales y las administrativas.
Araúz sostuvo que los jueces y magistrados tienen la responsabilidad de juzgar y decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, mientras que la programación y asignación de audiencias corresponde a la Oficina Judicial mediante reglas objetivas previamente establecidas.
«Precisamente para garantizar la imparcialidad, la transparencia y evitar cualquier posibilidad de direccionamiento, los mecanismos de asignación deben responder a criterios objetivos y no a decisiones discrecionales de quienes ejercen funciones jurisdiccionales», señaló.
El jurista agregó que, de comprobarse una intervención indebida de jueces o magistrados en tareas que corresponden a la Oficina Judicial, se estaría desnaturalizando uno de los pilares fundamentales del Sistema Penal Acusatorio.
Respecto a las posibles consecuencias, Araúz recordó que los magistrados que no pertenecen a la Carrera Judicial no cuentan con las mismas garantías de estabilidad de los funcionarios de carrera, por lo que su permanencia en el cargo depende de las facultades legales de la autoridad nominadora.
Además, indicó que si las investigaciones determinan la existencia de faltas disciplinarias o conductas contrarias a la ley, podrían derivarse consecuencias administrativas, disciplinarias e incluso penales, dependiendo de la gravedad de los hechos acreditados.
El abogado también consideró que la actuación de la Corte puede fortalecer la confianza ciudadana en la justicia, siempre que exista transparencia.
«La confianza pública no depende de la ausencia de cuestionamientos, sino de la capacidad de las instituciones para actuar con independencia, transparencia y firmeza frente a cualquier señal de irregularidad», manifestó.
Por su parte, el abogado Marco Austin sostuvo que la realización de audiencias de manera deliberada y no aleatoria representa una seria afectación a los principios de imparcialidad que deben regir todo proceso penal.
«Debe existir imparcialidad dentro del proceso penal y si un juez o magistrado está pidiendo audiencias para llevarlas personalmente, eso demuestra que no hay imparcialidad», afirmó.
Austin considera que las investigaciones no deben limitarse únicamente a los magistrados involucrados, sino que también deben alcanzar a quienes tenían la responsabilidad administrativa de supervisar el funcionamiento del sistema.
«Lo más probable es que tengan que darse cambios dentro de las estructuras responsables de la coordinación del Sistema Penal Acusatorio, porque esto aparentemente no es un hecho reciente, sino una situación que podría venir ocurriendo desde hace tiempo», indicó.
A juicio del jurista, la decisión adoptada por la Corte Suprema contribuye a fortalecer la credibilidad del sistema judicial.
«Para mí esta decisión fortalece a la Corte. Muchos de los rumores que existían sobre este tema hoy encuentran una respuesta institucional. Se limpia la imagen del sistema y se logra encaminar nuevamente la administración de justicia por la ruta correcta», expresó.
La Junta Comunal de Belisario Porras cuyas arcas fueron vaciadas durante la pasada administración, era dirigida por el representante César «Pelé» Caballero Mosquera, quien también ocupó la presidencia del Consejo Municipal de San Miguelito.
Caballero fue asesinado a tiros en noviembre de 2023 cuando llegaba a su residencia en el sector de Jardines de Sevilla, proveniente de un viaje a Colombia, hecho que conmocionó al distrito de San Miguelito.
Justo Vargas quien como magistrado devengaba un salario mensual de $6,000 era el obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en el sector de Villa Zaita, corregimiento Ernesto Córdoba.
Tras su destitución, Justo no ha emitido declaraciones públicas sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, además de mantener un silencio fúnebre sobre la vinculación de su esposa en el escándalo de la descentralización de Belisario Porras, una sombra oculta que lo salpica y que hoy lo mantiene en el ojo de la tormenta.