Sobre fuga masiva: No habrá protección política ni legal para nadie, dijo Mulino
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La fuga masiva de 195 privados de libertad de la cárcel La Joyita marcará un antes y un después en la política penitenciaria del país. Así lo dejó claro este jueves el presidente José Raúl Mulino, quien anunció que su gobierno impulsará cambios profundos en el sistema carcelario panameño y adelantó que adoptará medidas inspiradas en modelos de seguridad que han dado resultados en otros países.
Durante su conferencia semanal, el mandatario calificó la evasión como un hecho que lo «indigna y avergüenza», al tiempo que sostuvo que el incidente dejó al descubierto graves fallas estructurales dentro del sistema penitenciario nacional.
Mulino informó que de los 195 reclusos que escaparon de La Joyita, 178 ya han sido recapturados y continúan las operaciones para ubicar a los restantes.
«Mi prioridad es recuperar a los presos evadidos y encontrar a los responsables para que paguen», afirmó el gobernante.
El presidente reveló que se realizan investigaciones internas para determinar cómo ocurrió la fuga y quiénes facilitaron o permitieron la evasión. Como parte de las acciones iniciales, varios funcionarios fueron separados de sus cargos y se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación.
«No habrá protección legal ni política para nadie», aseguró.
Mulino explicó que no tomará decisiones apresuradas para satisfacer presiones externas y señaló que las sanciones se aplicarán una vez concluyan las investigaciones y existan elementos objetivos que permitan establecer responsabilidades.
Tras la evasión, el Ejecutivo ordenó una serie de operativos dentro del sistema penitenciario para recuperar el control de los centros penales. Entre las medidas adoptadas figuran requisas masivas y el relevo de personal de seguridad.
Según informó el mandatario, las intervenciones permitieron decomisar armas, drogas y diversos artículos prohibidos que permanecían dentro de las cárceles.
El presidente sostuvo que muchas organizaciones criminales continúan operando desde prisión y que parte de la violencia que afecta a las comunidades es coordinada desde los propios centros penitenciarios.
«Las bandas que operaron desde la cárcel son responsables de parte de la violencia en las calles», manifestó.
Además, informó que 155 privados de libertad han sido judicializados por su participación en la fuga y enfrentarán nuevas penas de hasta siete años de prisión, que se sumarán a las condenas que ya cumplían. De ese total, 28 ya recibieron decisiones judiciales durante la semana pasada.
Para Mulino, la evasión masiva evidenció el agotamiento del modelo penitenciario vigente y la necesidad de adoptar nuevas estrategias para enfrentar el crimen organizado.
«La fuga demuestra que el sistema falló, colapsó y fue vulnerado», expresó.
El mandatario cuestionó que delincuentes de alta peligrosidad continúen aprovechando las facilidades existentes dentro de los centros penitenciarios para mantener operaciones criminales, dirigir pandillas y cometer delitos desde prisión.
Por ello, adelantó que el próximo 1 de julio anunciará nuevas estructuras y políticas públicas orientadas a fortalecer el orden, la disciplina y el aislamiento de los cabecillas criminales.
«Es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes», afirmó.
Mulino señaló que los cambios comenzarán con la depuración de funcionarios que incumplieron sus deberes, pero irán mucho más allá, alcanzando una transformación de la cultura penitenciaria para adaptarla a las actuales amenazas de seguridad.