Dinero

Informe de auditoría de la mina llega al Gobierno y abre nueva etapa de evaluación

Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá

El Gobierno Nacional recibió el informe final de la auditoría internacional independiente realizada al proyecto Cobre Panamá, documento que será evaluado por una comisión integrada por los ministerios de Economía y Finanzas, Ambiente y Comercio e Industrias, antes de emitir recomendaciones al Órgano Ejecutivo sobre el futuro de la mina.

La auditoría, contratada por el Estado panameño tras el cierre de operaciones del proyecto minero en 2023, examinó aspectos legales, fiscales, ambientales y operacionales, además de verificar el cumplimiento o no de los 370 compromisos contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado para la explotación minera.

De acuerdo con información divulgada el trabajo incluyó revisión documental, inspecciones de campo y análisis técnicos realizados por especialistas de diversas nacionalidades.

Los resultados fueron organizados en 15 tomos temáticos y cuatro grandes componentes de evaluación.

El informe concluye que el proyecto cumplió con la mayor parte de los compromisos adquiridos y destaca fortalezas operativas identificadas durante la auditoría.

Sin embargo, también detectó oportunidades de mejora en áreas relacionadas con la gestión administrativa, biodiversidad, restauración ecológica y articulación de los mecanismos de monitoreo ambiental.

El ministro de Comercio e Industrias señaló que el documento constituye uno de los ejercicios de fiscalización ambiental más amplios realizados en el país y destacó que los resultados estarán disponibles para consulta pública en cumplimiento de las normas de transparencia.

La auditoría fue realizada luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en noviembre de 2023 el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, decisión que provocó la paralización de las operaciones de extracción de cobre.

Ahora corresponderá a la comisión gubernamental analizar el contenido técnico del informe y formular recomendaciones al Ejecutivo, que deberá tomar una decisión sobre el destino de uno de los proyectos económicos y ambientales más controvertidos de los últimos años en Panamá.