Diseños institucionales frente a la tormenta: Gobernabilidad y pesos políticos en Perú y Colombia

Por: Carlos Eduardo Rubio Barberena
Abogado, exministro de Estado y político demócrata cristiano
​La estabilidad política en América Latina ha dejado de depender exclusivamente del carisma de los gobernantes para subordinarse, cada vez más, a la ingeniería de sus constituciones. Los recientes giros políticos y las reformas estructurales en Perú y Colombia ofrecen un contraste fascinante sobre cómo las reglas del juego parlamentario pueden moderar la polarización o, por el contrario, atrapar al Poder Ejecutivo en un estado de permanente vulnerabilidad.
​Perú: El híbrido semiparlamentario ante el retorno a la bicameralidad
​El diseño constitucional peruano destaca notablemente en el panorama de las repúblicas americanas. Mientras que la mayoría de los países de la región adoptaron un presidencialismo puro copiado del modelo estadounidense, el Perú opera bajo un sistema de rasgos semiparlamentarios o presidencialismo atenuado. Elementos como la cuestión de confianza, la facultad de disolver el Congreso bajo ciertas condiciones, y la polémica figura de la «vacancia por incapacidad moral permanente» acercan su dinámica a la de los parlamentos europeos.
​Contrario a lo que dicta el prejuicio común, tener un sistema con un fuerte peso parlamentario no es inherentemente negativo. Si observamos el panorama global, la inmensa mayoría de las naciones desarrolladas —con la notable excepción de Estados Unidos— poseen regímenes parlamentarios (como el Reino Unido, Alemania, Japón o España), los cuales resuelven sus crisis políticas sustituyendo primeros ministros sin que colapse el Estado.
​Sin embargo, en el Perú, el diseño unicameral de la Constitución de 1993, sumado a una extrema fragmentación partidaria, derivó en una inestabilidad crónica. La facilidad para destituir presidentes se tradujo en una alarmante pasarela de mandatarios en los últimos años: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte.
​Para mitigar esta fragilidad, el país implementó una reforma histórica que restaura el modelo bicameral. El nuevo Congreso se compone de una Cámara de Diputados (130 miembros) y un Senado (60 miembros), alterando por completo las matemáticas del control político y elevando significativamente los requisitos para una vacancia presidencial, la cual ahora se convierte en un proceso de doble instancia que exige una mayoría calificada de dos tercios (2/3) en cada cámara:
​En la Cámara de Diputados (130 miembros): Para acusar y aprobar el pase del pedido de vacancia, se requiere el voto de los dos tercios del número legal de diputados, lo que equivale a 87 votos.
​En la Cámara de Senadores (60 miembros): El Senado actúa como la instancia definitiva. Para ratificar la destitución del mandatario, se necesita igualmente el voto de los dos tercios del número legal de senadores, fijando la valla real en 40 votos.
​Estas nuevas reglas del juego modifican radicalmente la gobernabilidad de cara al futuro. Matemáticamente, para bloquear una vacancia en la instancia final y blindar al presidente bastan tan solo 21 votos en contra dentro del Senado. Esto significa que con los 22 senadores que ostenta Fuerza Popular, la bancada fujimorista posee por sí sola el poder absoluto de impedir cualquier destitución en la Cámara Alta sin necesidad de pactar con otras fuerzas, otorgando al Ejecutivo un «escudo parlamentario» inédito en la historia reciente del país.
​En este complejo escenario, el factor experiencia juega un rol crucial. Keiko Fujimori, habiendo liderado un partido de alcance nacional por años y habiendo sido congresista, conoce al detalle el difícil mundo de la política real, sus dinámicas institucionales y sus límites formales.
​Colombia: Coaliciones, outsiders y el blindaje del Estatuto de la Oposición
​Cruzar la frontera hacia Colombia es entrar en un ecosistema político formalmente presidencialista, pero fuertemente condicionado por la obligatoriedad de los pactos y el multipartidismo. El escenario de gobernabilidad expone las dificultades de un mandatario que, a pesar de haberse presentado en campaña con la retórica de un outsider (un líder ajeno al establecimiento tradicional), se ve forzado a pactar con las estructuras históricas para poder legislar.
​A diferencia del caso peruano donde Keiko Fujimori cuenta con un partido cohesionado y disciplinado, Abelardo de la Espriella carece de dicha experiencia en la arena legislativa y partidista tradicional. Por esta razón, el líder de Salvación Nacional tendrá que rodearse y asesorarse de actores experimentados. En este flanco, el expresidente Álvaro Uribe ya ha manifestado públicamente su disposición para ayudarlo a tender puentes y articular gobernabilidad.
​La realidad parlamentaria colombiana exige que la gobernabilidad no dependa solo del núcleo ideológico radical —representado por los 4 senadores que Salvación Nacional obtuvo desde el arranque electoral—, sino de una negociación política y democrática constante. Para consolidar mayorías efectivas en un Congreso fragmentado, el Ejecutivo tendrá necesariamente que acercarse al péndulo, desradicalizarse un tanto y construir políticas públicas coherentes dirigidas a mantener al pueblo colombiano contento mediante la solución de sus problemas cotidianos.
​Esta ingeniería obliga a edificar una coalición con las fuerzas tradicionales y de centroderecha que estarían dispuestas a viabilizar su agenda. Es importante precisar que estas son las agrupaciones políticas que, ya sea por afinidad ideológica natural o por pragmatismo y estrategias políticas recurrentes, estarían en la disposición de aportar a la gobernabilidad del Ejecutivo. Las fuerzas en el Senado (108 curules en total) y la Cámara de Representantes (188 curules en total) se distribuyen de la siguiente manera para estos bloques estratégicos:
​Centro Democrático: Cuenta con 17 senadores y 30 representantes a la Cámara.
​Partido Liberal: Aporta 13 senadores y una de las bancadas mayoritarias en la Cámara Baja.
​Partido Conservador: Suma 10 senadores más sus escaños territoriales.
​Partido de la U: Aporta su tracción regional para complementar las mayorías legislativas.
​Al depender enteramente de la voluntad de estas agrupaciones, el camino de la administración colombiana es ostensiblemente más complejo y transaccional que el blindaje directo del que goza el fujimorismo en el Senado peruano. El poder aquí está condicionado a la solidez de los acuerdos burocráticos y programáticos.
​El acierto de los contrapesos: Una mirada comparativa
​Una de las mayores virtudes de la ingeniería constitucional colombiana contemporánea radica en la Ley 1909 de 2018, conocida como el Estatuto de la Oposición. Este mecanismo otorga derechos explícitos y un blindaje institucional a las fuerzas políticas que se declaran contrarias al gobierno de turno.
​Su disposición más innovadora es el derecho personal e inmediato a ocupar curules en el Poder Legislativo para la fórmula que quede en el segundo puesto de las elecciones presidenciales: el candidato presidencial perdedor obtiene un asiento en el Senado de la República y su fórmula vicepresidencial ingresa a la Cámara de Representantes.
​Este diseño institucional cobra especial relevancia al contrastarlo con lo ocurrido en Perú. En un escenario donde figuras con alta votación como Roberto Sánchez se quedaron fuera del Congreso por la circunscripción de Lima debido a las rigideces del sistema electoral —a pesar de haber estado muy cerca de la presidencia de la república—, el modelo colombiano ofrece una solución profundamente sensata.
​Si el caso hubiese ocurrido bajo las leyes colombianas, Sánchez habría ingresado directamente al Senado, replicando lo que la Constitución prevé para el ejercicio democrático y que ha sido el caso de figuras de la oposición en Colombia como el senador Iván Cepeda. La Carta Magna colombiana demuestra aquí una gran sabiduría política por dos razones fundamentales:
​Garantiza la representación ciudadana: Permite que los millones de electores que respaldaron la opción que quedó en segundo lugar mantengan una voz directa y de alto nivel en el Parlamento.
​Fortalece los contrapesos democráticos: Integra de inmediato a la deliberación legal a un líder político que se preparó, diseñó un programa y debatió con la mirada puesta en la jefatura del Estado, elevando así la calidad del control político y el equilibrio de poderes frente al Poder Ejecutivo.
​Conclusión
​Mientras Perú apuesta por la bicameralidad y un diseño numérico riguroso para frenar la atomización y la ligereza de las vacancias, Colombia confía en la institucionalización de la oposición y en la obligatoriedad de la negociación parlamentaria para canalizar el disenso de manera pacífica.
​Ambos países demuestran que la gobernabilidad no es una cuestión de azar, sino el resultado directo de la arquitectura de sus leyes; pero también de la capacidad real de sus actores para llegar a puntos de encuentro indispensables, donde bajo la premisa del pragmatismo y la supervivencia institucional, es muy probable que todavía nos toque ver de todo en el tablero andino.