Gremios denuncian exclusión de la reforma educativa y mantienen batalla legal por docentes destituidos
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Los gremios magisteriales endurecieron su posición frente al proceso de reforma a la Ley Orgánica de Educación que impulsa el Ministerio de Educación (Meduca), al asegurar que han sido excluidos de las discusiones sobre un proyecto que, pese a haber sido anunciado por el Gobierno desde hace varios meses, continúa sin conocerse públicamente.
Para las organizaciones docentes, una transformación de esta magnitud no puede construirse sin la participación activa de quienes forman parte del sistema educativo. Advierten que una reforma aprobada sin consenso podría generar nuevos conflictos en el sector.
El dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), Luis Sánchez, afirmó a La Verdad Panamá que los gremios magisteriales no han sido incorporados de manera amplia, transparente y vinculante en el proceso de discusión.
Explicó que la única participación que han tenido fue mediante una propuesta presentada a través del diputado Bloise, documento que posteriormente fue entregado al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.
Sánchez sostuvo que cualquier modificación a la Ley Orgánica de Educación debe construirse con la participación de docentes, padres de familia, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, mediante un proceso abierto que permita recoger los aportes de todos los sectores.
El dirigente cuestionó que el Meduca mantenga bajo reserva el contenido de la iniciativa mientras continúan las reuniones con diversos sectores del país, situación que, según indicó, genera incertidumbre entre los educadores sobre el alcance de los cambios que se pretenden introducir.
A juicio de AEVE, antes de promover una reforma legal, el Gobierno debe concentrar sus esfuerzos en resolver los problemas que afectan diariamente al sistema educativo. Entre ellos mencionó la separación de 298 docentes de sus cargos, las denuncias de persecución contra dirigentes magisteriales, las deficiencias en infraestructura escolar, la falta de recursos y otras necesidades que enfrentan estudiantes y educadores.
Sánchez también consideró que el Ejecutivo está impulsando la reforma sin un proceso de diálogo amplio con las organizaciones magisteriales. Señaló que una modificación de esta importancia requiere tiempo suficiente para el debate, apertura al intercambio de ideas y la construcción de acuerdos, en lugar de decisiones apresuradas.
En relación con los docentes separados de sus cargos tras las recientes protestas, el dirigente informó que las acciones legales ya se encuentran en distintas instancias judiciales y administrativas.
Añadió que los gremios continuarán utilizando todos los mecanismos legales disponibles, tanto en el ámbito nacional como internacional, para la defensa de los derechos de los educadores, mientras dan seguimiento a los procesos en curso y evalúan nuevas acciones conforme avance cada caso.
Por su parte, el dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei), Humberto Montero, coincidió en que la reforma educativa debe concentrarse en actualizar la actual Ley Orgánica de Educación y no en sustituirla por una nueva normativa.
Montero sostuvo que la legislación vigente cuenta con una estructura sólida y que el problema ha sido la falta de ejecución por parte de los distintos gobiernos. A su juicio, lo que corresponde es reformar y modernizar algunos artículos, preservando los principios, objetivos y fines que contiene la ley.
Explicó que el miércoles entregaron a la ministra de Educación una propuesta elaborada por Frenei, en la que plantean, entre otros aspectos, mantener el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación, fortalecer una verdadera descentralización con recursos y mecanismos de fiscalización, ampliar los procesos de evaluación a directores, supervisores y personal administrativo, además de incorporar a los gremios en el rediseño curricular.
El dirigente también manifestó preocupación por los casos de presuntos títulos falsos detectados en el sistema educativo.
Señaló que quienes aspiren a ejercer la docencia deben acreditar títulos legítimos expedidos por universidades reconocidas, al tratarse de una profesión que implica la formación de niños y jóvenes.
Montero advirtió que los gremios permanecerán vigilantes del proceso de reforma y participarán en todos los espacios de discusión para procurar que sus propuestas sean tomadas en cuenta y que las futuras políticas educativas respondan a las necesidades reales del sistema de enseñanza.