Periodista panameña Ligia Arreaga liberada tras su detención ilegal en Chiriquí
Por: Abdel Fuentes
Ligia Arreaga tomando café después de ser liberada tras su detención ilegal
Foto: cortesía de un productor chiricano/ La Verdad
“Deténganla y espósenla, dijo la juez Ulzana”, reveló la periodista Ligia Arreaga quien estuvo detenida en Chiriquí desde horas de la tarde del miércoles 2 de enero. “Me han tratado como delincuente y criminal”, agregó Arreaga, luego de ser liberada en horas de la tarde de este jueves.
Arreaga grababa imágenes de camiones retenidos en Finca Blanco, cuando la juez de paz, Ulzana Valdez, intentó arrebatarle su cámara videograbadora. Según el testimonio de la periodista, los camiones contenían mercancía de los productores locales y fueron paralizados en el sitio por instrucción de Ulzana.
Arreaga explicó que realiza una investigación periodística sobre las tierras que pertenecen a productores de la región y las dificultades que enfrentan en ese sentido con la empresa Banapiña de Panamá S.A, filial de la multinacional Del Monte.
El mérito por su libertad, Arreaga lo atribuye al ejercicio activo de campesinos de Barú, periodistas, abogados y ciudadanos que se amontonaron fuera de la estación policial de Puerto Armuelles para protestar. Todos gritaban a favor de la periodista con frases como: “liberen a Ligia; fuera y abajo los corruptos; Ligia, los productores están contigo.
“La última acusación de que yo estaba indocumentada es falsa. Cuando llegué a Finca Blanco, que fui esposada, entregué la cédula”, puntualizó la periodista. Aclaró que las autoridades le devolvieron su documento de identidad, pero que lo extravío luego de mantener ambos brazos inmóviles por estar esposada.
Foto: Abdel Fuentes / La Verdad..
El Sindicato de Periodistas de Panamá y el Colegio Nacional de Periodistas, en conferencia de prensa realizada el jueves, calificaron de ilegal la detención de la periodista panameña Ligia Arreaga.
La presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Blanca Gómez, juzgó de inconcebible que pese a pagarse la multa de 300 balboas impuesta ayer miércoles, la periodista permaneciera detenida un día después, solo por no presentar su cédula de identidad.
Filemón Medina, secretario general del Sindicato de Periodistas, aclaró que no es motivo de detención no portar la cédula de identidad, solo de sanción administrativa. Denunció que con esta ilegalidad se envía el mensaje de que “el que se meta con la transnacional que opera en Finca Blanco, será sancionado”, refiriéndose a la empresa Banapiña de Panamá S.A y a la multinacional Del Monte que ejecuta un proyecto bananero en esa área.
“Nos están creando pequeños enclaves coloniales a partir de actividades empresariales y esto es peligroso”, expresó el sindicalista. Advirtió que ante ese panorama, el Sindicato de Periodistas está planteando interponer una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Agregó que exigirán al Ministerio Público que investigue judicialmente a la juez de paz, Ulzana Valdez, al juez municipal de distrito y al alcalde de Barú, Franklin Valdés.
El Juez Municipal del distrito de Barú, Abdiel Chávez, en la tarde del 2 de enero, envió un oficio a la Juez Ulzana Valdez Jurado. En el documento le comunica que ese “tribunal, mediante Auto No.1 de 2 de enero de 2019, libró Mandamiento de Habeas Corpus en su contra y a favor de Ligia Arreaga”.
En el oficio publicado por el diario La Prensa en su edición digital, el juez municipal solicita a Ulzana que en el término de 2 horas remita un informe por escrito expresando si era cierto o no que había ordenado la detención de Ligia Arreaga. El juez Chávez agrega que de ser cierto, debe indicar si lo hizo de forma verbal o por escrito y presentar los motivos o fundamentos de hecho o derecho que tuvo para ordenar la detención.
Ligia Arreaga además de ser periodista es ambientalista y mantiene una línea crítica y de defensa por el medio ambiente y la naturaleza. Por ello fue amenazada de muerte tras publicar informaciones sobre la destrucción del humedal-Laguna Matusagaratí en la provincia de Darién.
Hace tres meses regresó al país luego de estar dos años fuera debido a las amenazas de muerte que ha recibido. Su salida fue promovida por la organización internacional “FRONTE LINE DEFENDERS”, galardonada por Naciones Unidas en el 2018, con el premio de Derechos Humanos.
La acción de esta organización a favor de la periodista panameña, surgió por temor a que fuese asesinada, como ocurrió en Honduras en marzo de 2016 con la defensora indígena, Berta Cáceres y con otros activistas y ambientalistas en Colombia, Perú y Guatemala.