Jueza Yadira Plata es querellada por desalojo arbitrario de una familia en San Miguelito
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La jueza comunitaria de Mateo Iturralde, Yadira Plata, quedó formalmente bajo la lupa del Ministerio Público luego de que el abogado Marco Antonio Austin Thomas presentara una querella penal en su contra por los presuntos delitos de abuso de autoridad, extralimitación de funciones públicas y demás delitos conexos, a raíz del desalojo de una familia de su vivienda en Tierra Negra, San Miguelito.
La acción penal fue presentada ante la Fiscalía Metropolitana, Sección de Atención Primaria Subregional del Segundo Circuito Judicial de Panamá, en representación de Yessibeth Gonzalez Villar, quien, según el abogado, fue desalojada arbitrariamente junto con su familia de una propiedad vinculada a un proceso hereditario que se encuentra pendiente de definición en el Juzgado Segundo Municipal de San Miguelito.
Austin había advertido previamente que llevaría el caso a la vía penal si consideraba que la actuación de la jueza había desconocido las garantías de sus representados.
Ahora esa advertencia se convirtió en una querella formal en la que solicita que se investigue la actuación de Plata y se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder.
El punto que encendió la querella
La controversia se origina en la Resolución N.° 030-CCMI-2026, del 14 de julio de 2026, mediante la cual, según la querella, la jueza ordenó el desalojo de Gonzalez Villar de la vivienda ubicada en Tierra Negra, Loma 9.
Austin sostiene que la situación se complicó todavía más cuando presentó el 7 de septiembre una advertencia de inconstitucionalidad relacionada con el proceso.
Según el jurista, ese recurso debía provocar la suspensión de la tramitación y la remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia para que se determinara lo correspondiente sobre la constitucionalidad planteada.
Sin embargo, de acuerdo con la querella, el desalojo terminó ejecutándose el 18 de septiembre, apenas once días después de presentada la advertencia de inconstitucionalidad.
Austin acusa a la jueza de haber continuado con la ejecución de la medida pese al recurso presentado.
El abogado sostiene además que el expediente tampoco fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, situación que considera especialmente grave porque, según su interpretación, la autoridad comunitaria habría asumido una decisión que corresponde al máximo tribunal en materia de control constitucional.
“Los dejaron en la calle”
La querella describe como consecuencia directa de la actuación cuestionada que la familia terminó fuera de su vivienda. Austin sostiene que el desalojo se produjo incluso con menores de edad y personas de la tercera edad entre los afectados.
Para el abogado, el asunto dejó de ser una simple disputa por la ocupación de un inmueble y pasó a convertirse en un cuestionamiento sobre la manera en que una autoridad con jurisdicción ejerció sus funciones frente a una controversia que, según la defensa, todavía tenía asuntos legales pendientes.
Austin afirma que la actuación de la jueza pudo vulnerar el debido proceso y las garantías constitucionales de sus clientes. Por ello solicita al Ministerio Público que investigue si los hechos configuran abuso de autoridad, extralimitación de funciones u otros delitos.
Reclaman $100 mil
La acción presentada también incorpora una reclamación civil o restaurativa. La defensa indica que Gonzalez Villar exige una indemnización de 100 mil dólares por los daños y perjuicios que, según sostiene, le habría ocasionado el desalojo, sin excluir otros perjuicios que pudieran determinarse posteriormente.
Como elemento probatorio inicial, el abogado aportó copia de la advertencia de inconstitucionalidad presentada ante la Casa Comunitaria de Justicia de Paz de Mateo Iturralde y anunció que las demás pruebas serán incorporadas posteriormente al expediente.
Austin también dejó planteado que el caso debe pasar a la instancia especializada correspondiente, al tratarse, según explicó, de una querella contra una servidora pública por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
El abogado indicó que la querella fue presentada inicialmente ante Atención Primaria y que, según su explicación, el expediente sería remitido a la Fiscalía Anticorrupción.
El caso coloca ahora a la jueza Yadira Plata frente a una investigación que deberá establecer si la actuación denunciada se ajustó a sus competencias y al procedimiento legal o si, como sostiene la defensa, hubo abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
Mientras la familia enfrenta las consecuencias de haber perdido su vivienda, el abogado busca que el Ministerio Público determine si detrás de la decisión de sacarlos de la propiedad hubo una actuación irregular que pueda generar responsabilid
El desalojo ya se ejecutó y la familia quedó en la calle. Ahora será la justicia la que deberá determinar si la jueza Yadira Plata actuó conforme a la ley o si, como denuncia el abogado Marco Antonio Austin Thomas, se violaron las garantías de sus representados.