Diputada pide cuentas a la Iglesia tras informe sobre abusos sexuales
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La diputada Paulette Thomas pidió cuentas a la Iglesia Católica tras la presentación del informe que identificó 37 denuncias durante los últimos 25 años, y advirtió que los casos que involucran a menores de edad deben ser atendidos con transparencia, seguimiento y responsabilidad institucional.
Thomas reconoció la labor, el compromiso y la transparencia de la Iglesia y de las universidades que participaron en la investigación, pero sostuvo que las 37 denuncias identificadas deben ser tomadas con absoluta seriedad y responsabilidad.
Explicó que el propio informe establece que las denuncias corresponden a la documentación encontrada en los archivos revisados, por lo que la cifra no permite descartar que existan situaciones que no hayan quedado registradas.
De las 37 denuncias, 24 fueron objeto de valoración institucional por corresponder al ámbito de la Arquidiócesis de Panamá durante el período comprendido entre 2001 y 2025.
Para la diputada, lo que más debe preocupar no es solamente el número de denuncias, sino lo que el informe revela sobre la capacidad institucional para responder ante este tipo de situaciones.
“En muchos de los casos evaluados existen denuncias e investigaciones, pero la documentación no permite reconstruir adecuadamente muchos de los procedimientos”, señaló Thomas.
La víctima debe estar en el centro
Thomas sostuvo que cuando una institución recibe una denuncia que involucra a un niño, una niña o un adolescente, no puede limitarse a recibirla, sino que debe actuar, documentar, acompañar y rendir cuentas.
“Llegar hasta el final de cada proceso”, planteó la diputada al referirse a la responsabilidad que deben asumir las instituciones ante una denuncia de abuso sexual.
A su juicio, esta responsabilidad trasciende a la Iglesia, porque las instituciones del Estado también están obligadas a cumplir con su labor de protección de la niñez.
Thomas consideró que la protección de los menores no puede depender de que una víctima o su familia tenga los recursos, la capacidad o el valor para tocar las puertas correctas y conseguir una respuesta institucional.
La diputada planteó que la primera medida debe ser colocar verdaderamente a la víctima en el centro de los procesos, protegerla y evitar que vuelva a ser víctima durante las distintas etapas de atención y denuncia.
Indicó que se necesitan protocolos claros, obligatorios y verificables para recibir denuncias, proteger inmediatamente a la víctima y garantizar acompañamiento psicológico y jurídico especializado.
En los casos que involucren a menores de edad, agregó, también debe garantizarse que la familia permanezca informada sobre el proceso.
Iglesia debe responder con transparencia
Al referirse específicamente a la Iglesia, Thomas señaló que ante los casos de abuso sexual contra menores debe responder con verdad, transparencia y responsabilidad.
La prioridad, según la diputada, debe ser proteger al menor y garantizar que su caso sea atendido adecuadamente, sin importar quién sea la persona señalada.
También consideró fundamental que la Iglesia coopere plenamente con las autoridades, de manera que se pueda proteger a las víctimas, documentar cada actuación y garantizar que sus procedimientos sean transparentes y verificables.
Thomas reconoció que el informe registra una evolución institucional desde 2015 y que entre 2023 y 2024 fueron creadas la Oficina Pastoral de Atención y Prevención y la Oficina de Escucha.
Sin embargo, advirtió que estas estructuras son demasiado recientes para determinar todavía si están funcionando de manera efectiva y cuáles han sido sus resultados.
“Que las estructuras existan no es suficiente; tienen que funcionar y con resultados que puedan ser evaluados”, afirmó.
La diputada también insistió en que proteger a una víctima no significa únicamente atenderla después de que ocurrió el abuso, sino trabajar para prevenir que estas situaciones lleguen a producirse.
Panamá necesita fortalecer la prevención
Thomas sostuvo que Panamá necesita fortalecer una verdadera política de protección integral de los menores de edad y dejar de reaccionar únicamente cuando ocurre una tragedia.
Para ello, planteó la necesidad de contar con instituciones que funcionen, compartan información dentro del marco legal, tengan personal capacitado, protocolos claros y mecanismos efectivos para detectar situaciones de riesgo.
También consideró necesario fortalecer la prevención en las escuelas, iglesias, organizaciones deportivas, comunidades y todos aquellos espacios donde interactúan niños y adolescentes.
Entre las acciones que mencionó están la verificación de antecedentes, la consulta del futuro listado público de ofensores sexuales, cuya activación espera que ocurra a partir de noviembre, y una supervisión y evaluación estricta de quienes interactúan habitualmente con menores.
Thomas señaló que la protección de los menores debe asumirse desde una perspectiva amplia y como una responsabilidad colectiva, pero aclaró que esto no puede diluir las obligaciones que corresponden a las instituciones.
“La familia y nuestra sociedad tienen un rol, las organizaciones tienen un papel, pero las instituciones del Estado tienen el deber de actuar”, sostuvo.
La diputada advirtió que cuando existen denuncias, señales de alerta o situaciones de vulnerabilidad, no se puede permitir que la burocracia, la falta de coordinación o la ausencia de seguimiento terminen dejando desprotegido a un menor.
Thomas resumió el desafío en tres niveles: la prevención como primera línea de defensa, la atención especializada como segunda y la justicia como una garantía indispensable cuando el daño ya ocurrió.