¡Le caen en redes! Cibernautas revientan a jueza de Mateo Iturralde por desalojo de una familia
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La jueza de paz de Mateo Iturralde, Yadira Plata, quedó en el centro de una tormenta de críticas en Instagram tras el desalojo de una familia de su vivienda en Tierra Negra, San Miguelito.
Los cibernautas cuestionaron su actuación, reclamaron que se investigue el procedimiento y expresaron indignación por la situación en la que quedó una mujer junto con sus familiares.
Los comentarios no se limitaron a expresar solidaridad con la afectada. Algunos usuarios cuestionaron el funcionamiento de la justicia comunitaria, otros pusieron en duda la preparación de los jueces de paz para resolver conflictos relacionados con propiedades y varios reclamaron que se investigue lo ocurrido.
“Los jueces de paz han resultado un fracaso”, escribió joser6893, mientras sara1605z lanzó una crítica directa al señalar: “Que va. Esta jueza. Cada vez están peor. Fracaso total”.
“Pobre mujer quedó sin techo”
La situación de la familia desalojada fue uno de los aspectos que más indignación provocó entre los internautas. Varios comentarios se concentraron en la mujer que quedó sin vivienda y en las consecuencias humanas de la medida.
“Pobre mujer quedó sin techo”, escribió rosa.bisono.395, quien también cuestionó la actuación de la jueza y expresó su solidaridad con la afectada.
La misma usuaria insistió en sus comentarios sobre la situación de la familia y manifestó su indignación por lo ocurrido. Sus mensajes reflejan el malestar de quienes consideran que el desalojo dejó a una mujer en una situación de vulnerabilidad.
Por su parte, michellemor244 resumió su reacción con dos palabras: “Total fracaso…”.
Cuestionan el debido proceso
Las críticas también apuntaron a la manera en que, según los internautas, se habría ejecutado el desalojo.
sara1605z afirmó que una vecina le habría contado que la jueza no presentó una orden de desalojo y que, además, habría ofendido a la afectada. “Esta ley en Panamá no sirve”, escribió la usuaria.
Otro usuario, alimur598, lanzó una advertencia dirigida a las autoridades comunitarias: “Esto les queda de advertencia a todos esos jueces que creen estar por encima del debido proceso y de la ley”.
El comentario refleja el cuestionamiento que generó el caso sobre el respeto a las garantías legales en los procedimientos de desalojo.
Piden investigar a la jueza
La exigencia de que se investigue a Plata también apareció en varias publicaciones.
No es primera vez que infringe, esa señora debería ser investigada”, escribió jr.promotions, al reclamar que se revisara la actuación de la funcionaria.
En la misma línea, sanchez.ignaciopenalba cuestionó la forma en que, a su juicio, se desarrollan algunos procedimientos y señaló que hay personas que desconocen sus derechos y terminan perjudicadas.
Otros usuarios expresaron su desconfianza hacia las autoridades y reclamaron que se garantice un trato igualitario para quienes acuden a la justicia comunitaria.
Señalamientos sobre privilegios y dinero
La discusión también estuvo marcada por comentarios que cuestionaron la imparcialidad de las decisiones y plantearon sospechas sobre posibles intereses económicos.
“Lo triste es que ya los jueces por dinero dañan a cualquiera, ojo, todos no… pero la gran mayoría se dedican es a enriquecer su bolsillo”, escribió bupurlapa.
También hay voces que defienden el fallo
En medio de las críticas, algunos usuarios salieron en defensa de la actuación de Plata.
La acción de la jueza generó un contraste con quienes reclaman una investigación y cuestionan la manera en que se ejecutó el desalojo.
Una querella penal contra la jueza
La controversia en Instagram se produce después de que el abogado Marco Antonio Austin Thomas presentara una querella penal contra Yadira Plata por los presuntos delitos de abuso de autoridad, extralimitación de funciones públicas y otros delitos conexos.
Austin sostiene que la jueza ordenó el desalojo mediante la Resolución N.° 030-CCMI-2026, del 14 de julio de 2026, pese a que la propiedad estaba vinculada a un proceso hereditario pendiente en el Juzgado Segundo Municipal de San Miguelito.
El abogado también afirma que presentó una advertencia de inconstitucionalidad el 7 de septiembre y que, pese a ello, el desalojo se ejecutó el 18 de septiembre. Según la defensa, el expediente debía remitirse a la Corte Suprema de Justicia para que se pronunciara sobre el planteamiento constitucional.
La querella solicita que se investigue la actuación de la jueza y reclama una indemnización de 100 mil dólares por los daños y perjuicios que, según la defensa, sufrió la familia.