Reforma amenaza concesiones de distribuidoras y busca llevar luz a 58 mil familias
Las empresas distribuidoras de electricidad que incumplan los indicadores de calidad del servicio, las obligaciones de electrificación rural o las inversiones aprobadas podrían perder sus contratos de concesión, de acuerdo con la reforma a la Ley 6 que se discute en la Asamblea Nacional.
El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., y la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, explicaron que la propuesta también obligará a las distribuidoras a llevar electricidad a unas 58 mil familias que actualmente viven sin este servicio.
Rodrigo Rodríguez sostuvo que la reforma busca establecer consecuencias económicas reales para las empresas que presten un servicio deficiente.
“Tiene que llegarle a la empresa una señal económica, que le cueste la mala calidad del servicio”, afirmó el secretario nacional de Energía.
Según explicó, actualmente las distribuidoras pueden continuar cobrando la tarifa completa mientras los usuarios esperan durante años una respuesta a sus reclamos, por lo que la reforma busca modificar esa situación.
Cinco causales
La administradora de la ASEP explicó que el proyecto establece cinco causales de terminación de los contratos de concesión relacionadas con la calidad del servicio.
Entre estas figuran el incumplimiento de los indicadores establecidos, las obligaciones de electrificación rural y las inversiones aprobadas dentro del ingreso máximo permitido.
“La ley se tiene que cumplir, esté quien esté”, afirmó Zelmar Rodríguez.
La reforma también elevaría a rango de ley la figura del interventor y establecería que las distribuidoras deberán cumplir primero con las órdenes de la ASEP antes de acudir a los tribunales en dos casos que actualmente pueden tardar años en resolverse.
Se trata de los reclamos por daños a aparatos eléctricos ocasionados por fluctuaciones de voltaje y los créditos derivados de sanciones que deben reflejarse en las facturas de los usuarios.
Llevar electricidad a 58 mil familias
El secretario nacional de Energía también puso sobre la mesa la deuda histórica de la electrificación del país.
Según explicó, casi el 5% de los hogares panameños no cuenta con electricidad porque se encuentra fuera de las zonas de concesión, principalmente en áreas consideradas poco rentables o de difícil acceso para las empresas.
“A nadie le interesa hacer una línea o una microrred a 30 kilómetros, metido en la selva o en un área de difícil acceso”, señaló.
Rodríguez recordó que Costa Rica y Nicaragua tienen una cobertura cercana al 100% y sostuvo que la responsabilidad de llevar electricidad debe recaer en quienes tienen la capacidad técnica para hacerlo.
La Oficina de Electrificación Rural y la Secretaría Nacional de Energía identificarán las comunidades que requieren el servicio, mientras que la ASEP trasladará esa obligación a las empresas distribuidoras. La Oficina de Electrificación Rural mantendrá sus funciones y proyectos.
La reforma también contempla cambios en la compra de energía con el objetivo de favorecer tarifas más competitivas para los consumidores.
Zelmar Rodríguez explicó que las distribuidoras volverían a tener la responsabilidad de licitar oportunamente la compra de energía mediante contratos de largo plazo, de 10, 15 y hasta 20 años.
La administradora de la ASEP señaló que estos contratos permitirían obtener mejores precios y cubrir el 100% de la demanda, evitando recurrir al mercado ocasional, donde la energía resulta más cara.
Como referencia, mencionó las dos licitaciones realizadas en marzo, cuyos precios, según explicó, fueron competitivos y se trasladan a la tarifa en beneficio de los usuarios.
A esto se suma una reducción de un punto en la prima incluida en la tasa de rentabilidad que la ASEP fija a las distribuidoras cada cuatro años, medida que, de acuerdo con Rodríguez, contribuirá a una tarifa más baja.
Aunque reconoció que el precio final de la electricidad también depende de factores variables como el costo del combustible, ante la pregunta de si las medidas se traducirán en mejores precios para los consumidores respondió: “por supuesto”.
Rechazan comercializadores independientes
El secretario nacional de Energía también descartó que permitir la creación de comercializadores independientes para clientes finales vaya a reducir el costo de la electricidad.
Rodrigo Rodríguez advirtió que, debido a que alrededor del 90% de los clientes son residenciales, podría producirse un “descreme” del mercado.
Según explicó, los comercializadores independientes podrían concentrarse en los grandes consumidores, mientras la mayoría de los hogares residenciales quedaría sin recibir los beneficios de esa competencia.
Como ejemplo, citó a El Salvador, señalado en el comunicado como el único país de Centroamérica que cuenta con esta figura para clientes finales, y afirmó que ese país no tiene una tarifa menor que Panamá.