Piden al Defensor del Pueblo que intervenga en violaciones a derechos humanos en Centro Femenino de Rehabilitación
Un informe oficial sobre la muerte de la privada de libertad Jovanna Caicedo ocurrida el 27 de marzo y la inspección de los hogares del Centro Femenino de Rehabilitación donde constantemente se violan sus derechos humanos, le solicitó un grupo de abogados al Defensor del Pueblo Eduardo Leblanc.
En una reunión en las oficinas de la defensoría del pueblo en la que participaron también familiares de privadas de libertad, le solicitaron que promueva un acercamiento entre la dirección del Sistema Penitenciario para que se dé respuestas a las situaciones de abandono en el que mantienen a la población penitenciaria en general. Los puntos que solicitan sean atendidos son los siguientes:
- Se brinde un informe oficial sobre los hechos relacionados con la muerte de la privada de libertad Jovanna Caicedo en el CEFERE.
- Se permita el ingreso a los penales de los alimentos y medicamentos a los detenidos de todos los penales y pabellones sin excepciones.
- Se realice una inspección interinstitucional a todos los hogares CEFERE a efecto de ubicar y corregir las precarias condiciones en que se encuentran confinadas.
- Que una vez restablecidas las visitas de familiares a las cárceles, en relación al Sector C de la Nueva Joya, se permitan las visitas normales de contacto e igualmente se les permita a la privados de libertad participar de programas de estudio y trabajo para conmutar.
- Que el señor Carlos Eduardo Marmolejo detenido en soledad en la Nueva Joya, Sector C, Pabellón 1, Patio 3, Celda 12, el cual sufre de constantes ataques epilépticos, que le han causado serias lesiones, sea trasladado a otro sector en el que no esté en aislamiento para que pueda ser socorrido por compañeros de celdas ante los constantes ataques que sufre.
En la carta al Defensor del Pueblo, firmada por los abogados Eliécer Plicett y Norma González, se plantea la obligación que tienen los estados de aplicar las reglas convencionales de derechos humanos, inherentes al fortalecimiento de la protección de las personas privadas de su libertad y que el pleno respeto de sus derechos humanos es una responsabilidad común compartida para todos y que los mecanismos internacionales de aplicación complementan y fortalecen las medidas y la obligatoriedad del Estado panameño.