Buscan controlar el “Juega vivo” y abusos en contratos de arrendamiento durante Estado de Emergencia por COVID-19
Redacción / La Verdad Panamá
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), trabaja en un marco jurídico que proteja los intereses de arrendadores y arrendatarios para evitar el abuso que se viene cometiendo por ambas partes, en medio del Estado de Emergencia producto de la pandemia por el COVID-19.
El viceministro de Ordenamiento Territorial, arquitecto José Batista, en declaraciones a La Verdad Panamá, reconoció que se han dado casos de arrendadores que desatienden el decreto que prohíbe los lanzamientos en este período en el que decenas de miles de panameños tienen sus contratos de trabajo suspendidos, aunque aclaró que esta entidad no es la que autoriza los desalojos, sino los jueces de paz que les dan instrucciones a la policía.
Batista hizo alusión a casos en los que arrendadores se hacían acompañar de policías linces y sin jueces de paz, para sacar a las personas de las viviendas violando el decreto que prohíbe esta acción. Una de las frases indignantes era: … vamos, acompáñame allá para que me ayudes a sacar esa gente de ahí”.
El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes convocó a las autoridades del ministerio de Gobierno para que le bajara claramente el mensaje a los jueces de paz de que no pueden estar autorizando lanzamientos porque están violando la norma.
La situación es algo compleja, manifiesta el viceministro pero igualmente reconoce que hay abusos. “Identificamos a gente que antes de la pandemia ya debía varios meses y el decreto nuestro le cayó a pelo. Hay gente que iba a ser mala paga con o sin decreto, porque ya lo eran”.
Ha habido otros casos de personas que se les levantó la suspensión del contrato y se hacen los locos, argumentando que están cobrando menos y lo último que tienen en mente es el pago del alquiler.
La otra cara de la moneda es la que observamos en arrendatarios que deben seis meses y le dicen al arrendador, te voy a pagar los seis meses pero quiero irme. La respuesta de este último es que para irse tiene que pagarle la multa por salir antes del tiempo que establece el contrato. “Tiene que haber empatía, tenemos que procurar fórmulas que nos permitan a todos salir de la pandemia. Que no se quede nadie atrás porque eso podría traducirse en violencia y delincuencia”, manifestó el viceministro Batista.
Estamos trabajando en el marco jurídico porque no podemos patrocinar a los sinverguenzas ni a los abusadores, enfatizó Batista.
Si una persona no puede pagar, vamos a establecer un mecanismo que nos permita comprobar efectivamente que no puede hacerlo. Hay personas que dicen que están suspendidos en el trabajo pero resulta que montaron de repente una venta de plátanos y generan más que lo que ganaban cuando estaba trabajando formalmente, puntualizó.
Estas medidas no excluyen la posibilidad de crear una especie de APC con el historial de los arrendadores.
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