Proponen reformas que reduzcan la mora en las investigaciones penales
Por: Sander Hernández / La Verdad Panamá
Por medio de la oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, se presentó una iniciativa dirigida a que se modifique el artículo 271 del Código Procesal Penal de la República de Panamá, contenido en la Ley 63 del 28 de agosto de 2008; la iniciativa es concerniente con la mora en las investigaciones penales.
La propuesta, presentada ayer 23 de marzo por el abogado Moisés Bartlett, para la consideración de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, buscaría brindar una visión actualizada de las actuaciones del Ministerio Público, que obligaría según su proponente, a tomar medidas para satisfacer las exigencias de la sociedad y garantizar la auténtica defensa de los derechos humanos.
El abogado señala que esta iniciativa ciudadana tiene como propósito provocar un debate e instar a la Asamblea de diputados a reformar el Código Procesal Penal en una materia específica, “Se trata de la fase de investigación preliminar, que si bien es cierto la acción penal es una facultad atribuida al Ministerio Público, no menos cierto es que esta fase denominada preliminar, al no tener un término para su culminación, ha provocado dos hechos dramáticos, el primero es que el Ministerio Público ha relajado el tiempo de su investigación porque la respuesta que plantea es que no ha imputado y que tiene todo el tiempo del mundo; y lo segundo es que el ciudadano que haya investigado, se ve vulnerado en sus garantías porque no tiene justicia en tiempo razonable”, indica.
El proponente manifiesta que el sistema anterior, el sistema mixto, el Ministerio Público tenía 4 meses para investigar y una prórroga de 2 meses que le daba un juez de conocimiento, y que ahora, con el Sistema Penal Acusatorio, se estableció una fase de investigación preliminar que no tiene término, y una fase de investigación formal una vez se produce la imputación, que son 6 meses. “La fase preliminar se ha convertido en una excusa para prolongar de manera indeterminada la investigación, y hay casos donde han transcurrido 1, 2 y hasta más de 3 años sin que haya una imputación, pero sin que haya un archivo”, detalló Bartlett en exclusiva a La Verdad Panamá.
“¿Dónde están los gastos en que incurren la persona que tiene que defenderse y la persona que es víctima, para obtener una respuesta? Esto es un error cometido por los codificadores, que tiene que ser reparado de manera inmediata. ¿Qué ha provocado? La mora inmensa y creciente en las investigaciones penales, y esto va para largo, se termina el año 2021 y mediados de 2022 y las investigaciones estarán abiertas, iniciando en el año 2019, estarán abiertas hasta 2025, porque hay una acumulación“, añadió el abogado, quien mencionó que tiene que existir un término de 6 meses para una investigación preliminar.
Bartlett concluye que un sistema de administración de justicia es injusto cuando somete a un ciudadano a una investigación tan prolongada, bajo una excusa de, subraya, no se le ha formulado una imputación. “Estás siendo investigado penalmente por una fiscalía, eso no es cualquier cosa”, puntualizó.
“Esto no solo es para el investigado, sino para la víctima, ambos requieren que se les respete, a uno su estado de inocencia, el otro que se le repare su afectación, se requieren ambos que se cumplan con el principio de justicia en tiempo razonable, contenido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos Civiles, de la cual Panamá es parte y forma parte del llamado bloque de la Constitucionalidad”, recalcó.
La iniciativa se apega a establecer un término específico para la culminación de la fase de investigación preliminar, garantizar la auténtica defensa de los derechos humanos, basado en la cantidad de años sin decisión de archivar o imputar, situación que los proponentes indican, se traduce en negación de justicia en tiempo razonable.