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110 ciudadanos miembros de estructuras criminales son procesados

La muerte y desolación son consecuencia de la acción delincuencial de las pandillas que asociadas con el narcotráfico amenazan a la seguridad pública, obstaculizan el desarrollo social y económico de un país.

En torno a este tema el ministro de seguridad pública Juan Manuel Pino, señaló que el perfil de los integrantes de estas estructuras criminales, que operan al margen de la ley, se caracterizan principalmente por crecer en hogares
disfuncionales, consumo de drogas a temprana edad, deserción escolar y
sentido de pertenencia.

Subrayó que lamentablemente estos fenómenos que emanan de la criminalidad, están arraigados culturalmente en muchas familias, quienes en muchos casos tratan de encubrir y protegen al infractor, convirtiéndose en un estilo de vida y
como un medio de subsistencia.

“Entre los riesgos de pertenecer a estas organizaciones dedicadas al
crimen, está la cárcel, la muerte y peor aún, las amenazas en contra de sus
propios familiares”, indicó Pino.

Explicó que en el año 2020 producto de la pandemia y por la naturaleza de este
tipo de delito, sólo se llevaron a cabo 5 operaciones Anti pandilla, que
arrojaron como resultado la judicialización de 74 ciudadanos, con 135
sentencias condenatorias; 24 de ellas mediante acuerdos de pena.

Delito que tiene sentencias que alcanzan hasta los 15 años de prisión, sin perjuicio de los otros delitos en el que incurran y que se les sean comprobados.

Resaltó que en el primer trimestre del presente año, las unidades operativas del
Departamento contra el Crimen Organizado y la Sección de Antipandillas, de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, en coordinación
con el Ministerio Público, han redoblado esfuerzos en la lucha contra estos
flagelos, que muestra un evidente estado de descomposición social,
principalmente en regiones como Panamá, Panamá Oeste y Colón.

Enfatizó que a través de las Operaciones “Jérico y Cismo” (Colón), “Neptuno” (Panamá Centro y Panamá Oeste), Fénix (San Miguelito) y “Aquiles” (Región metropolitana), se lograron acertar duros golpes sobre los cabecillas de estas estructuras criminales, en las que fueron judicializados 110 ciudadanos (69 por el delito de pandillerismo y 41 por el delito de crimen organizado).

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