Congreso aprobó informe que acusa a expresidente peruano Castillo por actos de corrupción
Lima, 26 may (EFE).- El pleno del Congreso peruano aprobó este jueves un informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntos delitos de corrupción y organización criminal en la ejecución de proyectos de inversión en varias municipalidades y bajo la dirección del ministerio de Vivienda.
La investigación parlamentaria sostiene que los delitos de corrupción se cometieron durante la ejecución de proyectos de inversión en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal, liderada por Castillo, según indicó el Congreso en Twitter.
Los delitos fueron denunciados en reportajes periodísticos en los que se observó a la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, acudiendo a ofrecer obras de saneamiento en distritos rurales con el financiamiento del ministerio de Vivienda o de los municipios, a cargo de empresas de amigos suyos y en las que ella misma trabajaba.
A raíz de estos hechos, Castillo iba a ser sometido a un juicio político por el Parlamento y debía presentarse ante el pleno para responder a las denuncias en su contra, cuando decidió el pasado 7 de diciembre anunciar un golpe de Estado, el cierre del Congreso e instaurar un gobierno de emergencia.
El exmandatario fue detenido minutos más tarde de su anuncio de un “autogolpe” y recluido en el penal de Barbadillo por el presunto delito de rebelión, mientras que su esposa e hijos viajaron a México, donde el mandatario de ese país les dio asilo.
Precisamente, este jueves, la Fiscalía indicó que Lilia Paredes puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión en el proceso que se le sigue por presuntamente integrar en una organización criminal al interior del Gobierno de Perú.
“Este Ministerio Público concluye, como prognosis concreta de pena (conocimiento anticipado de un suceso), que al momento de llegarse a condenar, si es que así fuera, se le impondría no menos de 8 años de pena privativa de la libertad”, sostuvo el fiscal José García al exponer durante una audiencia judicial para pedir su detención preventiva.