Declaración de bienes patrimoniales no garantiza que los funcionarios judiciales no incurran en actos de corrupción
Wendy Guevara / La Verdad Panamá
La resolución de declaración de bienes patrimoniales de los funcionarios judiciales es necesaria y correcta, siempre y cuando esta sea aplicada de manera integral, pero si se trata de una medida que excluye a ciertos grupos, entonces no tiene sentido, declaró a La Verdad Panamá el abogado Luís Fuentes Montenegro.
Luego de las opciones divididas que generó la aprobación de la resolución que obliga a los funcionarios del órgano judicial a realizar una declaración de bienes patrimoniales; el abogado Luís Fuentes Montenegro declaró que dicho requerimiento es necesario si involucra a todos los funcionarios que mantienen nivel de mando o de jerarquía.
Los funcionarios de jerarquía y funcionarios de manejo de fondo por mandato constitucional y mandato legal deben estar comprometidos a realizar una declaración patrimonial anual sobre el crecimiento de su patrimonio, esto debe convertirse no solo en un mandato legal sino también ético, declaró Montenegro.
En cuanto a los beneficios que tendrá dicha resolución refirió que esto puede contribuir en cierto nivel a la transparencia, sin embargo, esto no garantiza que los funcionarios no puedan incurrir en actos de corrupción o actos que contradicen el buen manejo de los fondos públicos. “La medida es positiva, sin embargo no garantiza que no habrán riesgos de corrupción”.
En cuanto al tema de la nueva administración de justicia Montenegro expresó sentirse a la expectativa al respecto ya que se necesita capacidad, valentía y compromiso, además de apegarse a la constitución, de lo contrario, el sistema de justicia no avanzaría. “Si lo funcionarios o Magistrados deciden en función de quién los nombró o qué político tiene más poder, entonces el sistema no va a mejorar”.
Si los magistrados en conjunto adoptan el compromiso colectivo de aplicar medidas que corrijan los deficientes que tiene el sistema de justicia como el caso de los nombramientos de subalternos, estos deben ser de jueces con capacidad, asimismo que logren que la justicia no se vea como un asunto exclusivo y costoso, sino que el ciudadano tenga la certeza de que se aplicarán medidas en función de lo correcto, añadió el abogado.
De igual forma Fuentes Montenegro manifiesta que uno de los puntos fundamentales que debe tomar en cuenta la administración de justicia es la posibilidad de una nueva sala o tribunal que atienda de forma autónoma los casos de jerarquía constitucional ya que esto brindará mejor garantía a los ciudadanos frente a sus derechos, al igual que una revisión en los nombramientos de los jueces de circuito y municipios en la esfera penal, civil y comercial para rectificar si estos funcionarios están cumpliendo.
El abogado Luís Fuentes Montenegro concluye que el sistema de justicia de Panamá no solo depende de la Corte Suprema de Justicia, sino también de la Procuraduría General de la Nación. Si estos no realicen transformaciones radicales entonces no será suficiente.