Declaración de bienes patrimoniales pretende que los fallos correspondan a la valoración de las pruebas y no a pago de sobornos

Wendy Guevara / La Verdad Panamá

El intento de extender la declaración de bienes patrimoniales de los funcionarios judiciales a servidores públicos  de menor jerarquía y no solo a jueces, magistrados o fiscales, es una situación que debe evaluarse y analizarse, manifestó a La Verdad Panamá, el exfiscal antidrogas  y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel  Almengor.

La serie de medidas que se están tomando a nivel del órgano judicial están dirigidas a la búsqueda de transparencia, principalmente garantizar que los fallos  dados por los jueces, correspondan a la correcta valoración de las pruebas y no a los pagos de sobornos, por lo tanto, está resolución busca en cierta medida evidenciar estás acciones, expresó Almengor

Para el exfiscal, la declaración de bienes patrimoniales de los funcionarios judiciales es una herramienta que pretende mantener el control del patrimonio que tiene el funcionario ,no obstante, considera que no es un método novedoso.

Almengor expresa que  estas herramientas y acuerdos son consensuados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, tomando estas decisiones con relación al manejo de los jueces y las acciones que estos realizan, asimismo declara, estar de acuerdo con la aplicación de dicha medida a funcionarios con altos rangos de mando y jurisdicción. Advirtió  que extender está resolución a funcionarios de menor jerarquía debe ser evaluado, ya que a su juicio, esto no está plenamente regulado en la ley.

Ante la posibilidad de que esta  herramienta  sirva  como método de persecución contra  funcionarios; José Abel Almengor refirió  el actual debate sobre la ley de extinción de dominio, señalando que  ninguna de estas herramientas son aplicadas de manera directa en contra de funcionarios públicos y en caso de existir un señalamiento, la denominada «carga de la prueba» va a demostrar que tal persona no ha obtenido dinero de manera lícita, por el contrario, si los señalamientos son falsos y pueden certificar que los bienes son obtenidos lícitamente, no debe existir ningún problema, aseguró.

El exmagistrado  considera que deben existir protocolos estrictos en la selección no solo de jueces y magistrados sino también en el reclutamiento de funcionarios de la Policía Nacional desde los niveles de rangos más bajos.

El Sistema Penal Acusatorio también recibió  sus dardos, cuando  expresó que el reclutamiento de personal se hizo de manera precipitada. Debe  valorarse si los  nombramientos realizados responden a  criterios técnicos, jurídicos  y a  la experiencia  que tengan  estas  personas para desarrollar estos cargos.

Para  el abogado Ramiro Guerra, resulta fundamental proveer  de controles  para frenar la corrupción. El Órgano Judicial siempre  ha estado  en el ojo de la tormenta con temas relacionados con la corrupción; solo  recordemos el informe del magistrado Arnulfo Arjona  o de  Camilo Pérez.

“La declaración de bienes es importante. Con cuánto entras  y con cuánto sales; ahora bien, no es  suficiente”.

Para  Ramiro Guerra pudieran  existir  mecanismos dirigidos  a neutralizar  el control; como  el presta nombre  que  recibe  dineros  que  les son acreditados. Sin embargo es  un  buen inicio.

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