Decretan detención y separación de funcionarios investigados por falsedad de documento público

El juez de garantías de la provincia de Colón, Oscar Jones Willis, decretó la medida cautelar personal de detención provisional en un centro penal para una persona (funcionario del Órgano Judicial), y la retención domiciliaria de otras tres (un servidor del Órgano Judicial y dos funcionarias del Sistema Penitenciario), con la aplicación de brazaletes electrónicos, por los supuestos delitos contra la seguridad colectiva y contra la fe pública. 

 

El juzgador también ordenó la separación del cargo de los cuatro funcionarios, en razón de que uno de los delitos que se les imputó se cometió desde el ejercicio del cargo, como lo indica el numeral 6 del artículo 224 del Código Procesal Penal, así como el artículo 317-A, del Código Penal que tiene que ver con otro de los delitos imputados, y que para que se configure exige ser servidor público.

 

En la audiencia de garantías celebrada el 17 y 18 de noviembre, al momento de aplicar las medidas cautelares a los funcionarios, el juez consideró el hecho de que había medios para afectar pruebas, además por la naturaleza del delito y el riesgo procesal por habérseles imputado dos o más delitos.  

 

Previamente, el juzgador legalizó la aprehensión de las personas, dando por presentada la imputación de cargos por parte del Ministerio Público, que estuvo representado por la fiscal Lilia Bonome, mientras que por los imputados participaron los defensores técnicos particulares Anthony Barrier, Carlos Tuñón, Lucio Marín y Leisa García.

 

El defensor técnico particular del imputado detenido preventivamente, y el Ministerio Público con respecto a una funcionaria del Sistema Penitenciario, presentaron recursos de apelación a las medidas cautelares aplicadas, por lo que la audiencia fue fijada para el 2 de diciembre próximo, a la 8:30 a.m. en Plaza Fortuna.

 

El hecho se originó el 26 de noviembre de 2021, cuando cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana lograron salir del centro penal de Nueva Esperanza con una nota falsificada, y llegaron hasta Migración en la ciudad de Panamá, donde se dio la alerta, ya que al examinar los expedientes se percataron de que desde el 2 de octubre de 2021, mediante un acuerdo de pena, se había validado una sentencia condenatoria de 10 años de prisión para estas personas por delitos de tráfico internacional de drogas. 

 

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