Jefa de Compras de AMPYME recomienda cancelar contratación de proyecto digital tras detectar serias irregularidades
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Una contratación impulsada por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) para el desarrollo de una plataforma digital destinada al registro y activación de sociedades de emprendimiento, quedó bajo la lupa luego de que la propia Jefa de Compras de la institución recomendara la cancelación del acto público, alegando posibles inconsistencias que podrían comprometer principios fundamentales de la contratación pública.
La recomendación quedó plasmada en el Memorando DA-DC-M-003-AMPYME-2026, dirigido a la Oficina de Asesoría Legal de la entidad, en el que la funcionaria solicita una evaluación jurídica integral del procedimiento correspondiente al Acto Público N.° 2026-1-02-01-08-CM-000219.
En el documento se advierte sobre una serie de situaciones que, a juicio de la responsable del Departamento de Compras, ameritan una revisión profunda antes de que la entidad adopte una decisión definitiva sobre la adjudicación del contrato.
Cuestionan modificación de requisitos durante la licitación
Uno de los principales señalamientos contenidos en el memorando está relacionado con una modificación realizada al Pliego de Cargos mediante una adenda solicitada por la Unidad Gestora.
Según la documentación, el cambio eliminó uno de los requisitos originalmente establecidos para acreditar experiencia previa, permitiendo que dicho requisito pudiera cumplirse mediante la sumatoria de dos cartas de referencia de menor cuantía.
La Jefa de Compras plantea que debe determinarse si esa modificación tuvo como efecto favorecer a un proponente específico, tomando en cuenta que la empresa finalmente adjudicada logró acreditar la experiencia requerida mediante ese mecanismo, mientras que los demás participantes presentaron documentación ajustada a las exigencias inicialmente publicadas.
La consulta jurídica busca establecer si la modificación respetó los principios de igualdad, libre concurrencia y transparencia que rigen los procesos de contratación pública.
Rechazo de la propuesta más económica genera interrogantes
Otro de los aspectos que llamó la atención de la funcionaria guarda relación con la exclusión de la empresa REDCLOUD, la cual había presentado la oferta económica más baja dentro del procedimiento.
El memorando señala que en el Acta de Apertura de Propuestas se dejó constancia de que todos los participantes habían aportado la documentación requerida. Sin embargo, días después, durante la fase de verificación, se concluyó que REDCLOUD no cumplía con uno de los requisitos de experiencia exigidos.
La Jefa de Compras sostiene que el documento presentado por la empresa contenía elementos suficientes para acreditar la ejecución y culminación satisfactoria del proyecto utilizado como referencia, incluyendo información que permitía verificar la autenticidad del procedimiento y la recepción de los entregables por parte de una entidad pública.
Ante esta situación, solicita determinar si existió alguna afectación a los principios de transparencia, economía e igualdad de los proponentes.
Referencias de empresa recién creada son objeto de análisis
El memorando también pone el foco sobre la experiencia acreditada por la empresa adjudicada, Grupo Tuinity, S.A.
De acuerdo con la documentación revisada por el Departamento de Compras, la sociedad fue inscrita en el Registro Público el 29 de enero de 2026 e inició operaciones formalmente el 4 de marzo del mismo año.
No obstante, la empresa presentó dos cartas de referencia emitidas por distintas compañías en las que se certifican servicios prestados desde enero de 2026, cada una por un monto de 25 mil balboas, cuya sumatoria permitió alcanzar el mínimo de 50 mil balboas requerido por el pliego.
La funcionaria solicita que la Oficina de Asesoría Legal determine si esas referencias son compatibles con las fechas de constitución e inicio de operaciones de la empresa y cuáles podrían ser las implicaciones jurídicas derivadas de esa situación.
Posibles conflictos de interés en cartas de referencia
Las observaciones del Departamento de Compras también alcanzan las cartas de referencia utilizadas para sustentar la experiencia de la empresa adjudicada.
El memorando indica que una de las certificaciones fue emitida por Evolution Zona Libre, S.A., y firmada por una persona que mantiene vínculos con la estructura societaria de Grupo Tuinity, S.A.
Asimismo, señala que otra referencia, emitida por Inversiones en Seguro, S.A., aparece suscrita por una persona que figura como tesorero de la Junta Directiva de la empresa adjudicada, según información del Registro Público.
La consulta jurídica busca establecer si esas relaciones podrían afectar la independencia, objetividad y credibilidad de las certificaciones utilizadas dentro del procedimiento de contratación.
También revisarán actuación de funcionarios
Otro de los puntos planteados en el documento interno tiene que ver con la participación de distintos funcionarios durante las diversas etapas del proceso.
La Jefa de Compras solicita verificar quién ostentaba formalmente la responsabilidad del acto público, si los servidores que intervinieron contaban con las facultades legales necesarias para actuar y firmar documentos, y si las sustituciones o cambios de funcionarios durante el trámite cumplieron con todas las formalidades exigidas por la ley.
La intención, según se desprende del memorando, es determinar si las actuaciones realizadas conservan plena validez jurídica.
Recomiendan cancelar el acto público
Tras enumerar los cuestionamientos detectados, la Jefa de Compras concluye recomendando la cancelación del Acto Público N.° 2026-1-02-01-08-CM-000219.
La funcionaria sustenta su recomendación en la necesidad de salvaguardar los principios de legalidad, transparencia, igualdad de los proponentes, selección objetiva y debido proceso administrativo contemplados en la Ley de Contrataciones Públicas.
No obstante, antes de adoptar una decisión definitiva, solicita que la Oficina de Asesoría Legal emita un pronunciamiento formal sobre cada una de las situaciones identificadas.
El documento deja al descubierto una controversia interna dentro de AMPYME sobre la legalidad y transparencia de una contratación tecnológica que ahora podría quedar suspendida o incluso anulada, dependiendo de las conclusiones jurídicas que emita la entidad.