Judiciales

Juez de Garantías de Darién decretó ilegal las aprehensiones de siete personas

En la audiencia de solicitudes múltiples de la “Operación Roca 2”, el juez de garantías de la provincia de Darién decretó ilegal las aprehensiones de siete personas, luego de que considerara que el fiscal adjunto Contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial y materializado por las unidades de la DIJ no aportara elementos de convicción que configurara necesidad de dicha aprehensión.

Posteriormente, en la sustentación de la solicitud de la aplicación de las medidas cautelares personales, el fiscal solicitó al juez la aplicación de la medida cautelar personal de detención provisional por el termino de investigación para los sietes imputados, mientras que los defensores solicitaron la aplicación de la medida cautelar de reporte periódico los 30 de cada mes y prohibición de la salida del país.

Tras escuchar atentamente al fiscal y a los defensores, el juez de garantías decide aplicarle la medida cautelar solicitada por los defensores, negándole la detención provisional solicitado por el fiscal, motivando que los riesgos procesales de peligro de fuga, afectación de medios de pruebas y las circunstancia especiales consistentes en la naturaleza y el número de delito imputado argumentado por el Fiscal hasta ese momento no eran robustas como para superar la excepcionalidad y así aplicar la detención provisional.

Además, el fiscal no tenía acreditado hasta ese momento que los imputados pudiesen afectar medios de pruebas que estaban por recabar máxime cuando aún no se mencionó que medios de pruebas; aunado a que si bien a las sietes personas que se le imputó cargos por cuatro delitos graves como lo es, Delitos contra el Ambiente (Tramitación) con pena de 5-8 años; contra la Fe Pública (Insertar Información falsa ) con pena de 4-8 años, de Asociación Ilícita en la modalidad agravada (concertarse con funcionarios de ANATI para luego vender las tierras adjudicada) de 6-12 años y por delito de blanqueo de capitales (recepción de dinero producto de las ventas de tierras) con pena de 5-12 años de prisión; toda vez que el modo de la ejecución del delito consistía en la acción humana de haber facilitado sus firmas en expedientes de trámite de adjudicación de tierras ante ANATI, Regional de Darién; lo cual evidenciaba carencia de violencia, peligrosidad y desatención del proceso por parte de los imputados.

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