La violencia sexual contra menores de edad
Gilma De León / Abogada de Familia
Estamos frente una sociedad fallida, que solo reacciona cuando se producen eventos atroces y crímenes horrendos contra mujeres y menores, como es el caso de la niña embarazado de sólo 8 años de edad, procedente de una de las comarcas de nuestros pueblos originarios, que tienen la protección de nuestras leyes y autoridades y los mismos derechos humanos que el resto de la población del país.
Varias son las preguntas sin responder que se hace la ciudadanía. ¿Desde cuándo se estaba perpetrando este ilícito atroz? ¿Lo supieron o no los familiares de la víctima? ¿Por qué no denunciaron al ofensor oportunamente? ¿Por qué no se interrumpió ese embarazo, que es producto de una violación incestuosa y que además pone en peligro la vida de la menor, por la inmadurez del desarrollo de su organismo? Ella será madre, con la re victimización que significa el trauma de que se le haga una cesárea para que pueda dar a luz a su bebé, esa criatura inocente, cuya madre es otra niña a la que le truncaron su niñez por un insensato conjunto de múltiples factores, de abandono y desidia de una sociedad indiferente.
En todos los medios se encienden las alarmas, se reacciona visceralmente contra el perpetrador de tan atroz delito, pero en la práctica, poco o nada se activa para prevenir eficazmente futuros casos como este.
Venimos advirtiendo desde hace años la necesidad de utilizar la valiosa herramienta de la educación integral en sexualidad para prevenir los embarazos precoces por violación y las enfermedades de trasmisión sexual, algunas de las cuales son mortales y tienen efectos impensables, como la infertilidad, entre otros. Sin embargo, sólo encontramos en nuestra sociedad respuestas que obstaculizan la implementación de una educación integral en sexualidad, cuando diversos grupos esgrimen conceptos de una ciega moral cristiana y existe una mayoría silente y permisiva de la sociedad y en distintas administraciones gubernamentales, que se muestran cobardes para disentir de estos criterios fundamentalistas y en el caso de los políticos, que no quieren exponer su “cuota de aceptación política”.
Desde el 2015 hasta agosto de 2019, los delitos contra la libertad sexual habían aumentado un 486.6%. Hemos estado denunciando estos hechos en los medios de comunicación, Diputados de la Asamblea Nacional, y otras instancias de distintas administraciones, destacando que esta realidad nos enfrenta al bochorno muy serio, frente a la comunidad internacional. Durante la pandemia, esta realidad no fue mejorando y en 2021 Panamá se enfrentó a la vergüenza internacional de ocupar el segundo lugar en la región (superado sólo por Haití), como el país con mayor número de niñas embarazadas.
Mientras que en algunos hospitales privados los abortos de las niñas bien, son “vox populi” y en las escuelas católicas se brinda educación en sexualidad, las hijas de la pobreza y la pobreza extrema se someten al rigor de los escrúpulos de una estructura sanitaria, cuyos miembros temen ejercer la interrupción oportuna del embarazo, aun cuando se cumplan todas las condiciones del protocolo para hacerlo. Al no interrumpir un embarazo en estas condiciones, se violan derechos humanos fundamentales. ¡Quién sabe cuántas víctimas más existen gracias al silencio cómplice, de la abrumadora cifra de casos ocultos o no denunciados, en los que una lista incontable de niñas sacrificadas, con la impunidad de los culpables, por la cobardía y la hipocresía de esta sociedad fallida!