Ley de Extinción de Dominio no ha resuelto el problema del crimen organizado en los países que la aplican
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El nuevo sistema jurídico conocido como Ley de Extinción de Dominio y que La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito quiere imponer en Panamá, no ha resuelto el problema del crimen organizado, en países donde ya esta vigente.
Esa fue una de las conclusiones del abogado Boris Barrios, un estudioso de las leyes y que hizo trizas el documento que según reveló, llegó a Panamá enlatado y así es que quieren los organismos internacionales que sea aprobado, sin que se le altere una sola coma.
El documento forma parte del programa de Asistencia Legal para a Legal en América Latina y el Caribe (LAPLAC) que da continuidad a una larga tradición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en la elaboración de herramientas prácticas que facilitan la lucha contra la droga el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo.
La oficina de Naciones Unidas dice que el documento Modelo será de utilidad para aquellos países que proyectan incorporar esta figura en su legislación interna, pero Barrios denunció que el gobierno hizo copy page y presentó el proyecto sin adecuarlo a Panamá.
La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita, instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países, sostiene la exposición de motivos del documento Modelo.
Destaca que por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal.
Segun Barrios, Estados Unidos Canadá e Inglaterra son los tres países que ejercen presiones para que Panamá apruebe el proyecto que llegó enlatado desde Naciones Unidas, documento que no incluye ninguna recomendación del país, pero que quieren imponer a la fuerza.
“El proyecto es un abuso de poder que va en contra de la Constitución Política y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que permitirá que el estado al amparo de la ley despoje de sus bienes tanto a inocentes como a culpables”, reveló.
La norma que según Barrios no es ningún modelo, jamás ha sido consultada en relación a la Constitución de la República de Panamá, norma que según el experto, choca contra el título constitucional.
Dijo que México tampoco participó en la elaboración del documento y luego que la aprueban, la declaran inconstitucional en materia de normas legales que colisionaban constitucionalmente.
El experto dijo que la norma es un molde que llegó desde el extranjero y que se ha presentado sin adecuaciones, lo que ha tenido conflictos en su aplicación en países que ya aceptaron el paquete.
“Ni un país que ha aprobado la ley, ha resuelto el problema del crimen organizado, sino preguntáselo al mismo Colombia a quien no le ha funcionado, también a pregúntaselo a El Salvador donde no se resuelve el problema “, dijo con sarcasmo.
Denunció que el gobierno trae constantemente a la Procuradora de la Nación de El Salvador para dar explicaciones e instrucciones de cómo se aplica y cómo se ha resuelto e problema del crimen organizado en ese país, pero todo es mentira.
El punto grave del documento que Barrios hizo trizas, es la prejudicialidad en la extinción de dominio, tema que será explicado en una segunda entrega.