Michelle Lasso desconocía que el dinero recibido provenía de negocios turbios

Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá

El abogado Johan Barrios no negó que su cliente Michelle Lasso haya recibido dinero en sus cuentas, pero aseguró que ella desconocía que se trataba de fondos provenientes de negocios mal habidos.

Michelle Lasso es la hija de Jaime Lasso un prominente miembro del Partido Panameñista encargado de la búsqueda de fondos y donaciones para la campaña presidencial de Juan Carlos Varela y quien le pidió a su retoño para que recibiera algunos millones de dólares en sus cuentas.

Barrios sostiene que recibir dinero del soborno internacional no es suficiente para que ella sea  llamada a juicio y debe ser sobreseída y sacada de la lista, así como tampoco decidieron imputar a otra gran cantidad de personas, bancos, firma de abogados y medios de comunicación que igual recibieron fondos.

Según el abogado las relaciones familiares se manejan sin poner reparos por la afinidad que existe y Michelle no podía prever que se trataba de algo ilícito.

Destacó que su cliente no hizo transferencias inusuales, no tienen nada que ver con sobrecosto ni con proyectos estatales, ni enlaces ni participación en la política no se y tampoco fue beneficiaria final de los fondos que recibió a través de su padre.

El abogado de Lasso no negó las transferencias de la empresa brasileña Odebrecht, pero aclaró que se recibió 6 millones de dólares, y no 11 millones como dice el Ministerio Público.

La Fiscalía Especial Anticorrupción pidió que se llame a juicio a Jaime Lasso, identificado como intermediario entre Odebrecht y el Partido Panameñista, y su hija Michelle Lasso, cuyo abogado pidió el sobreseimiento definitivo.

El fiscal Mahmad Daud Hasan sostuvo que ambos, padre e hija, a través de sociedades suministradas, realizaron pagos para beneficiar a Juan Carlos Varela, por lo que dijo que quedó clara su participación dentro del esquema para canalizar las coimas.

La audiencia preliminar que inició el pasado 12 de septiembre, está prevista que concluya el próximo 30, fecha en la cual la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, dispondrá de 30 días para decidir el futuro judicial de los imputados en el escándalo de corrupción más grande en la historia de Panamá.