Judiciales

Ministerio Público admite querella por estafa agravada contra Igor Kokorev

Redacción La Verdad Panamá

El Ministerio Público a través de  la Fiscalía Segunda Subregional  de Panamá, admitió a trámite la querella contra Igor Kokorev Maleeva presentada  por el que fuera  abogado de la familia hispanorusa, Ismael Gerli Champsaur y contra  una de las  abogadas  del demandado, María Elena Jurado Domínguez, por un supuesto delito agravado de estafa, según  informa  el   diario Rombe  de  Guinea  Ecuatorial.

El pasado 23 de junio, Ismael Gerli Champsaur, el abogado panameño  que se  convirtió  en el testigo principal del  caso contra  el clan ruso  en España, presentó una  querella  que le complicaría  más  la situación  en la  que se encuentra  el hijo  del matrimonio  de Vladimir Kokorev y Julia  Maleeva.

De acuerdo  con el diario  Rombe, padres  e hijos están próximos  a sentarse en un estrado judicial por un presunto delito de blanqueo de  capitales  con origen  en el tráfico ilegal de  armas de  guerra  y material militar de doble  uso con Guinea Ecuatorial. Esto  representaría una condena  de  nueve  años  para  Vladimir y seis  para Julia e  Igor.

A  esta  querella  se suma  otra  contra los  abogados  de  Igor Kokorev, María Elena Jurado Domínguez y Jorge Gavrilidis, por  un  presunto delito de  injuria  y calumnia contra el demandante Ismael Gerli Champsaur, y que también ha sido admitida a trámite  por la fiscalía.

Origen  del pleito

Según destaca  el diario Rombe, ambas acusaciones  guardan  relación con un inmueble  que se corresponde con las  oficinas  de  Gerli & Company en Panamá, la   firma de  abogados administrada por Ismael Gerli Champsaur con filiales  en Islas  Vírgenes Británicas, Belice y Miami. La sede  panameña está ubicada  en   el edificio Global Bank Tower, piso 18, Calle 50.

Los hechos  en los  que se sustenta la acusación por  estafa  agravada  y que tuvieron lugar  en el año 2021 se exponen  en la querella  así: “con el propósito de resolver  la compleja situación migratoria del señor  Igor kokorev Maleeva, se decidió  realizar la venta ficticia-simulada (de las oficinas de Gerli & Company) por la suma de trescientos cinco mil dólares”.

Según la defensa del  abogado  panameño -informa Rombe- el compromiso consistía  en que una vez  el hijo del patriarca Kokorev consiguiera la visa para  regular  su estatus migratorio  en Panamá le devolvería  su inmueble: “Se  engañó a nuestro patrocinado, se le indujo al error, al facilitar la finda N° 68326 para conseguir resolver  un  problema migratorio y una  vez  siendo resuelto el problema se haría la devolución, todo lo cual no ha ocurrido”.

Las transacciones  que se  realizaron  para  justificar  el supuesto contrato de compraventa del inmueble se realizaron a  través de la cuenta corriente  de  Ismael Gerli Champsaur abierta  en el Bank of America de  Nueva  York cuyos comprobantes fueron aportados como  documentos probatorios. Dicha cuenta  fue cerrada  “por razones de seguridad y cumplimiento debido a la persona a la le había hecho el traspaso de los  dineros”, según  el escrito de  acusación, puesto  que, en concreto, una de las  transferencias  fue hecha a nombre de Yulia Maleeva por la suma de 225 mil dólares.

“Toda esta  historia de  transacciones, de transferencias de dineros, de  préstamos  y de compensaciones de los mismos, es conocida por la  familia  Kokorev, especialmente por  Igor Kokorev Maleeva y, lógicamente por la licenciada María Elena Jurado Domínguez, quien por ser una de las  abogadas de la  familia  Kokorev,  participó en la transacción comentada”, se lee  en  la relación de los hechos, señala Rombe.

De  acuerdo con la documentación aportada por la parte demandante, Igor Kokorev  habría  otorgado a las  letradas María Elena Jurado y  Katherine Ulloa Castillo  un “poder general de  representación judicial para pleitos”, por el que, a su vez, las abogadas  entregaron un “poder especial” a Jorge Gavrilidis para interponer una demanda arbitral en contra  de Ismael  Gerli Champsaur y su fundación de interés privado Palm River Foundation (hoy Alto Foundation) “ a fin de mantener el control de la finca” y de la fundación que es propietaria del inmueble del Global Bank Tower piso 18.

El demandante pide  a Igor Kokorev  y a su abogada  la suma  de 500 mil dólares  como  acción civil resarcitoria por el perjuicio económico ocasionado  y se estarían  enfrentando  a penas  de 5 a 10 años de prisión al considerar  que la lesión patrimonial  excede de  cien mil  dólares (84.386 euros).

Prohibición de enajenar

La Fiscalía Primera  Especializada  contra la Delincuencia  Organizada, había  enviado  al Registro Público  una asistencia judicial librada por el Juzgado de  Instrucción  de  Las Palmas de Gran Canaria, Reino de  España, dentro de la investigación seguida a Vladimir Kokorev, Yulia Maleeva y otros por la supuesta comisión del delito de  blanqueo de capitales.

Se  le  solicitaba  al Registro Público  hacer efectiva  la prohibición  de enajenar   una serie de  fincas.

 

 

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