Políticas Latinoamericanas en el Combate al Crimen: Contrastes entre las fórmulas Bukele y Petro
Por: Luis A. Zegarro R: Oficial de carrera militar, / Lcdo. En Defensa Nacional y Seguridad Pública / Especialista en Criminología
Introducción
La seguridad ciudadana es uno de los aspectos sociales que marca especial relevancia en las sociedades de todo el mundo. La región Latinoamericana y el Caribe en los últimos años ha sido considerada la más peligrosa y violenta a nivel global por sus altas tasas de criminalidad, mayormente, en los delitos de homicidios que generan mayor impacto en nuestras comunidades. Nuestra zona en estos momentos representa el 8,3% de la población mundial, sin embargo, se le atribuye el 35% de asesinatos, algo más de un tercio (1/3) de los que se cometen en el planeta.
Al observar los índices, vemos que existen acentuadas diferencias en las tasas de homicidios entre cada país, no obstante, el alto promedio de la tasa regional se encuentra por el orden de 24.1 x 100,000 habitantes. Algunos países se mantienen por debajo del promedio de la región, en tanto, unos solo alcanzan promediarse y un grupo considerable está muy por encima del promedio y en este punto es fundamental una acotación concluyente, sobre que, mientras un número singular de países se esfuerzan por bajar el promedio de la tasa de homicidios a la región, otros se lo estarían aumentando drásticamente.
Las necesidades de seguridad de un país no siempre son similares a las de otro y en algunos casos cuando llegan a serlo, la magnitud y frecuencia de los delitos tampoco es la misma, ni los factores de riesgo están en el mismo orden, ni en igual proporción, es por ello que, quienes representan al Estado deben plantear sus estrategias conscientes de las prioridades de seguridad en las comunidades para el control eficaz de la criminalidad. La lectura correcta de un análisis situacional y del diagnóstico país, despejará dudas sobre, si el enfoque del combate al crimen debe ser más preventivo que represivo y, viceversa, o deberá mantener un balance permanente entre ambos.
Resultados en la política de seguridad de El Salvador
Analizando las cifras de los últimos 5 años en El Salvador, vemos que, en 2018 su tasa de homicidios era de 51 x 100,000. Esta tasa, la cual se situaba en un poco más del doble de la regional, lo visibilizaba entre uno de los países que le incrementaba notablemente el promedio a la tasa de la región, ahora bien, en 2019 con el cambio de gobierno y de timón en la estrategia para el control criminal, se produce la primera reducción con una tasa de 36, luego en 2020 sigue bajando a 19.7, posteriormente en 2021 baja nuevamente a 17.6 y en la última tasa registrada al cierre del pasado 2022 logran llegar a 7.8, alcanzando un giro exitoso que hoy coloca a El Salvador en la sección de países con las tasas más bajas de un solo dígito y que en esta ocasión contribuye a reducir la tasa promedio regional de Latinoamérica y El Caribe.
Revisando el “cómo”, porque sin duda las reducciones significativas siempre obedecen a factores determinantes relacionados con rompimiento de esquemas estructurales, se conoció que la estrategia de seguridad de El Salvador denominada “Plan Control Territorial”, consiste en tres ejes: control de los centros penales, interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. La aplicación simultánea e integral de cada eje se ha mantenido dando respuestas en la disminución delictiva año tras año, hasta la limitación temporal a causa de una nueva escalada de las pandillas, en particular, la mara salvatrucha 13 (mayoritaria en el territorio) con la ola de asesinatos de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022. Esta crisis recibió la reacción inmediata del Estado, al fortalecer el plan con un régimen de excepción, medida que lleva 11 meses con más de 64,000 presuntos pandilleros aprehendidos y cuya cobertura se ha extendido hasta el próximo 17 de marzo.
Organismos internacionales han criticado al gobierno de El Salvador por violaciones a los Derechos Humanos de los “delincuentes” durante el régimen de excepción y su trato en las cárceles, aun cuando, estas pandillas y maras ya habían sido declaradas como “grupos terroristas” por la Corte Suprema de Justicia en 2015. Sobre las críticas se desprende la duda razonable y otra reflexión en este análisis con respecto a, si el mal ocasionado en la mitigación de los homicidios y prevención de las violencias, sea mayor o menor que el evitado. La objetividad en el despeje de esta interrogante debe surgir de los resultados estadísticos favorables o no para la población en general y meditar, acerca de: ¿Cuáles son los derechos que deben priorizarse en un sistema democrático? y, además, en la aplicación del Estado de derecho, cuando la utilidad pública o el interés social resultaren en conflicto con derechos individuales igualmente reconocidos, ¿cuáles derechos deberían anteponerse? concretamente, si los de las “minorías violentas y homicidas” o los de las mayorías de ciudadanos trabajadores que conviven pacíficamente.
Pues bien, en el estudio se revisó el total de homicidios en el margen de los 10 años anteriores a la gestión del presidente Bukele, es decir, de 2008 a 2018, arrojando una cifra de 44,187 homicidios (Datosmacro.com) cuyo promedio anual era de 4,418. En los 4 años de cifras presentadas en el período Bukele (2019, 2020, 2021, 2022) se han registrado 5,274 homicidios, sin embargo, si se hubiera mantenido el promedio anual antes a su gestión, la cantidad pudo llegar a 17,674 homicidios que sería el resultado de los 4,418 de promedio anual anterior, multiplicado por 4 años. La resta de 17,674 menos 5,274 es igual a 12,400, esta es, la cifra aproximada de “asesinatos evitados” hasta la fecha en el transcurso del gobierno actual de El Salvador. Saquemos todos nuestras propias conclusiones y mejores criterios.
Otras iniciativas de neutralización en sinergia con las anteriores, fueron las modificaciones a las leyes penales, promovidas por el presidente Bukele y aprobadas por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo y el 5 de abril de 2022 con el objetivo de que los pandilleros no fueran favorecidos con medidas cautelares y pudieran salir libres al poco tiempo de sus aprehensiones, entre algunas de las reformulaciones. Dicho de otro modo y haciendo un énfasis, no ha bastado con un Plan de Seguridad para resolver la problemática de la inseguridad y prevención delictiva, sino que se necesitó crear nuevas condiciones para que su implementación siguiera manteniendo los resultados esperados.
Pudiéramos comprender que el plan de El Salvador ha tenido un enfoque más represivo que preventivo, pero que, indiscutiblemente, la toma de decisiones ha dependido en gran parte del estudio de un “perfil criminal actuando en colectivo como un puño” con toda crueldad sobre el resto de la población y que la única forma de desarticularlos era rompiendo sus estructuras represivamente. Hoy, con 3 años y 9 meses de puesto en marcha el “Plan Control Territorial” y con una correlatividad estadística criminal sostenida a la baja, El Salvador, también ha destacado a nivel internacional con la invitación presentada al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, el cual participó el 30 de octubre de 2022 en la ciudad de New York exponiendo la estrategia. El ministro luego de su exposición, sostuvo reuniones con jefes de policía de diferentes condados.
Coyuntura especial para el análisis del tema de Seguridad
En días pasados hubo una confrontación en la red Twitter entre los presidentes de El Salvador Nayib Bukele y Gustavo Petro de Colombia por declaraciones de este último llamando “campos de concentración y cárceles dantescas” a los centros penales salvadoreños, pero, además, señaló que en Colombia la problemática se ha podido resolver con más escuelas y universidades. Para Panamá, dado que, este debate sobre estrategias de seguridad, contrasta perspectivas entre dos países de nuestra región con los que compartimos riesgos y amenazas globales, el tema debe atraer la atención, en pro del mejoramiento de la seguridad ciudadana, principalmente, si estos planes en su ejecución resultaran en “modelos de buenas prácticas” que ameriten ser replicados o tomados en cuenta de alguna forma.
Resultados en la política de seguridad de Colombia
Concierne ahora el espacio para valorar la Estrategia de Seguridad de Colombia en la presente gestión de gobierno. Se pudo conocer que de inicio en agosto de 2022 se presentó la Política Integral de Seguridad Humana con propósitos de solucionar los problemas de violencia en los territorios, pero, conjugando la operatividad de la Fuerza Pública de la mano con instituciones “no armadas”. A finales de septiembre, se anunció la implementación del Plan Perseo para alcanzar la “Paz Total”, descrito en tres aspectos: acciones Militares, de Policía, y Judicial con la Fiscalía General de la Nación. El plan busca recuperar el control territorial del Estado y la protección de la población, en particular, de los líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, comunidades indígenas, afro, y firmantes del Acuerdo de Paz, por medio de operaciones conjuntas y coordinadas e interinstitucionales. En teoría se promueve, además, el diálogo, la negociación, así como sacar del escenario a los grupos armados y estructuras criminales de alto impacto.
Para los últimos meses de 2022, unas 22 organizaciones de diferentes estructuras, comunicaron su intención de participar en la iniciativa y al poco tiempo, el gobierno informó del cese multilateral al fuego con 10 de estos grupos, entre ellos, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, pero, sin que se conocieran los detalles públicamente. Colombia, es el segundo país del mundo con más organizaciones criminales, solo por debajo de la República del Congo, en consecuencia, el Estado se encuentra obligado a diversificar los cursos de acción en vías de su neutralización y control.
Hasta la fecha, los resultados de la programación estatal enunciada y puesta en marcha por la actual administración, especialmente, en los casos de homicidios, solo pueden medirse en un rango de seis meses y, hasta la data de corte publicada. Estableciendo un comparativo justo sobre la cantidad de homicidios en Colombia entre el período del año anterior frente al actual, este refleja que, de agosto de 2021 a enero del 2022 la cifra de homicidios fue de 6,653, contra, agosto de 2022 a enero de 2023 (tiempo actual), cuya suma es de 6,884, a saber, + 231 que representa un aumento en los homicidios de 3.4% (fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses). En cuanto a los “homicidios colectivos” denominados “masacres”, se revisaron los registros publicados hasta el cierre de febrero de 2023, de suerte que, se realizó el comparativo de agosto de 2021 a febrero de 2022 con 50 masacres y 164 homicidios, respecto a, de agosto de 2022 a febrero de 2023 con 54 masacres y 184 homicidios, esto es, + 20 casos que incrementó un 12% (Por: Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz, publicada el 2 marzo, 2023).
Otro delito de alto impacto ciudadano en Colombia es el de secuestro que es perpetrado frecuentemente por el crimen organizado. En la actualidad, se han activado las alarmas ciudadanas por el aumento drástico del 100% iniciando el 2023 con 30 casos en enero, comparado a los 15 casos de enero de 2022. (Datos del Ministerio de Defensa). A solo un semestre de gestión, le corresponderá al gobierno colombiano replantear lo necesario para optimizar la implementación de sus estrategias o los ajustes pertinentes que conlleven a la reversión de los índices y tendencias actuales, de manera que, primero se pueda rendir cuentas a nivel nacional con resultados favorables en sus primeros años para luego asumir posturas de exhibir lecciones aprendidas ante los medios internacionales.
Consideraciones finales
El combate al crimen tiende a obstaculizarse en la medida que se va debilitando a las fuerzas y sistemas de control, ya sea de manera intencional o no, y/o por el mal entendimiento de su aplicación. Todos los frentes deben trabajarse en simultáneo de acuerdo con el monitoreo permanente del movimiento delictivo. El presente análisis se ha planteado a manera de resumen, sobre la base de las contraposiciones entre políticas de seguridad de dos países y la teoría expuesta por cada uno, acerca de sus estrategias y objetivos, pero a su vez, éstas, se han podido confrontar con el sustento numérico de los resultados obtenidos. La mejor herramienta para evaluar un plan, programa o estrategia, es el registro estadístico de la evidencia empírica y sus análisis de resultados.
“La seguridad humana es la esencia de la seguridad ciudadana”.