Procurador de la Administración rechaza denuncia contra la Antai por multa de mil dólares a La Verdad Panamá
Se pueden presentar recursos con el fin de declarar el acto nulo por ser contrario a la Constitución y a la Ley
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El procurador de la administración, Rigoberto González avaló la decisión de la Antai de multar con mil dólares al diario digital La Verdad Panamá porque todo lo que hizo la institución es un acto administrativo materializado, que goza de presunción de legalidad y es de obligatorio cumplimiento.
La respuesta de González se da unos días después de que el abogado Ernesto Cedeño, presentó una denuncia administrativa para que se investigara todo lo actuado por la Antai en contra de este medio de comunicación.
Según González, mientras los efectos de la resolución no sean suspendidos por algún recurso que se interponga ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, el diario debe acatarla.
En la respuesta González deja una puerta abierta al señalar que quien considere tener un interés legítimo, puede presentar las acciones y recursos correspondientes, a fin de que el acto sea declarado nulo por ser contrario a la Constitución y/o a la Ley.
“La presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo que fue emitido conforme a derecho, no es absoluta, sino simple, pudiendo ser desvirtuada por el interesado, demostrando que el acto controvierte el orden jurídico.”
El procurador destacó que si bien esta Procuraduría está llamada a vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, la solicitud de Cedeño, tal como ha sido planteada, escapa del ámbito de competencia de ese Despacho.
Explicó que la procuraduría no puede pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos emitidos por entidades públicas panameñas en el ejercicio de sus funciones, porque todos los actos gozan de presunción de legalidad, mientras un tribunal competente no decida lo contrario.
“El articulo 46 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, dispone que “Las órdenes y demás actos administrativos en firme, del Gobierno Central o de las entidades descentralizadas de carácter individual, tienen fuerza obligatoria inmediata, y serán aplicados mientras sus efectos no sean suspendidos, no se declaren contrarios a la Constitución Política, a la ley o a los reglamentos generales por los tribunales competentes”, destacó.
La Verdad Panamá fue multada luego de publicar un certificado de matrimonio, que una fuente proporcionó para probar la relación marital que tiene con la persona que estaba denunciando.
Tras la multa todos los gremios periodísticos del país y el Colegio Nacional de Abogados, cerraron filas para denunciar el ataque a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo.